XALAPA, VER.– Verificentros del estado de Veracruz lanzaron una solicitud urgente a la gobernadora Rocío Nahle García: liberar los pagos retenidos que mantienen a los centros al borde del colapso operativo.
Al respecto, los empresarios aseguraron que la falta de experiencia y la pasividad de la tesorera estatal, Eugenia Guadalupe Blas Nájera, ha detonado una situación crítica sin precedentes. Y es que, por primera vez, afirman, no se han respetado los pagos que se derivan directamente de los ingresos generados por los automovilistas al momento de realizar su verificación.
“El dinero está en Tesorería desde que el ciudadano paga por su verificación. No se entiende por qué no se nos ha pagado”, declararon.
Ante esta situación, que se repite en otras áreas de Finanzas, empresarios no quisieran creer que el gobierno del estado está metiendo todo a ‘la licuadora’ nuevamente, como lo han hecho otros gobiernos anteriores.
¿QUÉ ES “LA LICUADORA”?
Este es un truco financiero que revuelve el dinero público, es una práctica irregular —y muy común— en el manejo del dinero del gobierno. En pocas palabras, “la licuadora” es cuando las autoridades mezclan todos los recursos públicos, sin importar para qué estaban destinados originalmente, y los usan como mejor les conviene.
Por ejemplo, si el gobierno recibe dinero etiquetado para salud, educación y obras públicas, en lugar de respetar esos fines, lo revuelve todo en una sola bolsa y termina gastándolo en lo que les urge políticamente… o en lo que más les interese.
El problema es que ese dinero no es suyo, es de la ciudadanía y venía con reglas claras. Usarlo para otra cosa, aunque no suene tan grave, es ilegal y opaco. Es una forma disfrazada de desvío de recursos y, en muchos casos, una puerta directa a la corrupción. No es una receta nueva: es una vieja maña para hacer malabares con el dinero del pueblo.
A más de un mes sin recibir los recursos, los concesionarios advierten que ya no es posible seguir operando sin poder cubrir salarios, rentas, impuestos, luz y pagos a proveedores. La baja participación ciudadana —menos del 20 por ciento de la afluencia habitual— ha agravado aún más la crisis.
La situación amenaza con paralizar por completo el servicio de verificación vehicular, indispensable para el cumplimiento de la NOM-047-SEMARNAT-2014, y pone en riesgo el sustento de cientos de familias veracruzanas.
En un mensaje dirigido directamente a la mandataria estatal, los concesionarios hicieron un llamado claro: “Confiamos en usted y la hemos apoyado desde el inicio, pero no podemos seguir trabajando sin recibir nuestra retribución”.
Además, señalaron que no pueden estar enviando solicitudes de pago cada mes: “El respeto al trabajo de cada concesionario y sus familias debe ser una prioridad. Estamos trabajando por y para Veracruz”.
