El dirigente estatal Federico Salomón lamentó que el crimen refleje la crisis de inseguridad que enfrenta el país y urgió al gobierno a actuar con responsabilidad.
Por: Mónica Tejeda Hernández
Xalapa, Ver.– El Partido Acción Nacional en Veracruz se sumó al reclamo nacional de justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, y condenó la violencia que, afirmaron, se ha normalizado contra quienes se atreven a denunciar o ejercer el servicio público con valor.
El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, lamentó el crimen que –dijo– no solo enluta a una familia y a una comunidad, sino que también evidencia la profunda crisis de inseguridad que atraviesa el país.
“Carlos Manzo denunció amenazas y pidió protección al Estado, pero fue silenciado por la violencia criminal que avanza mientras el gobierno mira hacia otro lado”, señaló el líder panista, al recalcar que este hecho no es un caso aislado ni exclusivo de Michoacán, sino la consecuencia directa de la omisión y la falta de coordinación entre autoridades.
Desde Veracruz, subrayó, el PAN levanta la voz porque se enfrentan a una realidad similar: autoridades que gobiernan bajo amenaza, familias que viven con miedo y candidatos que han tenido que renunciar por temor a ser atacados, como ha ocurrido recientemente en municipios como Coxquihui.
Salomón Molina citó datos del programa Votar entre Balas, de la organización Data Cívica, que colocan a Veracruz como el estado con más agresiones político-electorales documentadas en el país durante 2025, una situación que calificó como una “alerta nacional”.
“El PAN Veracruz no quiere más homenajes póstumos, no quiere más gobiernos que niegan la realidad ni autoridades que ignoran los llamados de auxilio”, sostuvo.
El dirigente exigió al gobierno federal y estatal actuar con responsabilidad y urgencia, presentando los siguientes puntos como demanda formal: justicia para Carlos Manzo y todas las víctimas de la violencia en México; cumplimiento de la obligación constitucional de proteger la vida y la libertad sin distinciones ni privilegios.
También la instalación inmediata de una mesa de trabajo y coordinación política con participación de los tres niveles de gobierno, partidos, organismos de derechos humanos y sociedad civil; restitución de los recursos destinados al fortalecimiento de las policías estatales y municipales, para garantizar su equipamiento, capacitación, condiciones dignas y presupuesto suficiente. “México no puede normalizar que le arrebaten la vida a quien alza la voz”, concluyó Salomón Molina.