Tema de hoy: “Reconocimiento social de los Poderes Judiciales”.
Por: Dr. José Faustino Arango Escámez
Magistrado Federal adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz.
El Poder Judicial, como ente constitucionalmente constituido, no solo ha evolucionado en torno a las bases jurídicas, sino que también ha venido incrementando sus funciones y facultades en los tiempos modernos, tomando como referencia que en la época en que surgió como depositario de la potestad estatal para dirimir los conflictos y solucionar las controversias, su desempeño no era tan participativo en los diferentes ámbitos de la vida del Estado.
De este modo, el Poder Judicial ya no solo circunscribe su actividad a la resolución de conflictos entre partes para efectos de impartir justicia, sino que los Estados Democráticos de Derecho contemporáneos, considero, demandan ya de los tribunales una participación activa que coadyuve en el reconocimiento social del ente estatal como tal a través del producto de su actividad, existiendo en principio, una relevancia de la justicia en el ámbito estatal que para seguir permaneciendo, requiere que también incida en el ámbito social.
Así, considero que el Poder Judicial ha dejado en la mayoría de los países, la penumbra en la cual podía haberse encontrado en antaño, para ser un ente del Estado no solo participativo, a través de sus fallos o resoluciones, en la vida política, económica, financiera, cultural y social, sino también en el conocimiento que la sociedad va teniendo en torno a su actividad, encontrándose esta, en consecuencia, más pendiente y, ¿por qué no decirlo?, también más inquisidora.
Por ello, los Poderes Judiciales hoy en día requieren cada vez más del reconocimiento social para complementar la legitimación de su labor, es decir, que además de encontrar en los ordenamientos legales o constitucionales la base normativa de su estructura, atribuciones, facultades, derechos y obligaciones, cuenten con una percepción positiva de la sociedad, tomando en cuenta que su actividad es relevante en los cauces que en los diferentes ámbitos desempeña el Estado.
De este modo, el Poder Judicial tiene como un aspecto intrínseco en su naturaleza no solo el de desempeñar la función más noble como ente del Estado, que es la de impartir justicia en relación con los individuos que conforman una sociedad, sino buscar que estos se informen y por ende exista una percepción social positiva, al tiempo en que debe verificar además que los restantes entes a través de los cuales se ejerce la potestad estatal, no actúen de manera contraria a las normas constitucionales y legales, de lo que puede advertirse que el Poder Judicial a la par que es el encargado de desempeñar una de las tantas funciones o actividades del Estado, debe cuidar también que los demás entes de este Estado no trastoquen los derechos de la sociedad que lo conforman en su territorio.
En esa medida, concluyo que la legitimación que ya detenta el Poder Judicial de cualquier país como uno de los poderes del Estado, requiere también de legitimidad a efecto de complementarse y lograr que los Poderes Judiciales se encuentren fuertes, no entendiendo esa fortaleza como un reconocimiento del Estado o una mayor atención de la maquinaría gubernamental-estatal para el ámbito de la impartición de justicia, sino fortaleza concebida como un elemento indispensable provisto por la percepción social para materializar el reconocimiento de la sociedad en su actividad judicial, generando así la legitimidad necesaria en su funcionamiento.
