Sergio Rodríguez Cortés y su “sindicato” en la PMA maniobran para mantener el control y el presupuesto público
Xalapa, Ver. — La sombra del exprocurador de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) de Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, sigue rondando la dependencia estatal, ahora a través de un sindicato cuestionado tanto por su constitución como por su propósito. Héctor Palestino Andrade, cuñado del exfuncionario, lidera la agrupación, la cual asegura representar a 137 trabajadores que supuestamente han sido impedidos de regresar a sus labores por la nueva administración encabezada por Ángel Carrizales López.
Sin embargo, lejos de una legítima defensa de derechos laborales, la creación del sindicato en 2023, cuando Rodríguez Cortés aún ocupaba el cargo, se percibe como un intento desesperado por conservar el control de la PMA y seguir beneficiándose de recursos públicos. La «toma de nota» del sindicato, realizada de manera irregular y en condiciones cuestionables, levanta sospechas sobre una estrategia para perpetuar su influencia incluso después de su salida del organismo.
El actual procurador, Ángel Carrizales, ha rechazado reconocer la validez de esta organización sindical, postura que, según diversas fuentes, obedece a instrucciones desde altos niveles del gobierno estatal, incluyendo el respaldo de la gobernadora Norma Rocío Nahle García, quien busca desmantelar lo que muchos califican como una estructura paralela de corrupción.
La maniobra de Rodríguez Cortés parece clara: utilizar el sindicato para ejercer presión política y obstaculizar el trabajo de la nueva administración. Bajo esta estrategia, se pretendería mantener el control sobre áreas clave de la PMA, incluido el Acuario de Veracruz, y diversas oficinas regionales en Boca del Río, Poza Rica, Río Blanco, Coatzacoalcos y Xalapa, donde durante su gestión proliferaron denuncias de corrupción y manejo opaco de recursos.
El caso de este sindicato “patito” deja en evidencia cómo ciertos exfuncionarios, lejos de rendir cuentas, buscan mecanismos para seguir obteniendo beneficios del erario público. Las autoridades estatales, al desconocerlo, envían un mensaje claro: no habrá espacio para simulaciones ni prácticas que perpetúen la corrupción en las instituciones públicas.
