Tras un proceso judicial sustentado en pruebas, la FGE logró que un juez dictara sentencia de 210 años de prisión.
Poza Rica, Ver.- A casi una década de uno de los hechos más estremecedores que marcaron a la región norte de Veracruz, la justicia finalmente alcanzó a uno de los responsables. Tras un proceso judicial sustentado en pruebas contundentes, la Fiscalía General del Estado logró que un juez dictara sentencia de 210 años de prisión contra Luis Alberto “N”, hallado culpable del delito de secuestro agravado en perjuicio de tres víctimas.
Los hechos que hoy se castigan ocurrieron el 18 de septiembre de 2016, cuando la tranquilidad de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la colonia Petromex de esta ciudad, fue abruptamente interrumpida por un grupo armado. Aquella tarde, el miedo se apoderó del recinto religioso cuando los agresores irrumpieron y privaron de la libertad a dos sacerdotes y a un auxiliar.
Las víctimas fueron identificadas como los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez, de 50 años de edad, y José Alfredo Juárez de la Cruz, de 30 años de edad, quienes desempeñaban su labor pastoral en la comunidad. Junto a ellos también fue privado de la libertad un auxiliar —chofer y sacristán—, quien, en medio del caos, logró escapar de sus captores y sobrevivir para relatar lo ocurrido.
Horas después del secuestro, la tragedia se consumó. Los cuerpos sin vida de los dos religiosos fueron localizados con impactos de arma de fuego en un paraje conocido como “La Curva del Diablo”, sobre la carretera que conecta Poza Rica con Papantla, lo que generó consternación e indignación entre la población, quienes desde un principio pedían justicia para los sacerdotes.
En un inicio, las investigaciones apuntaban hacia la posible intervención de algún grupo criminal; sin embargo, con el avance de las indagatorias, la Fiscalía estatal estableció como principal línea de investigación el robo de limosnas y pertenencias, tras una convivencia que habría derivado en un acto violento. Incluso se consideró que los responsables podrían haber tenido algún tipo de cercanía con las víctimas.
El caso, que conmocionó no solo a la comunidad católica, sino a toda la sociedad veracruzana, se mantuvo durante años en proceso judicial. Fue a través del juicio oral J-17/2024 que finalmente se logró acreditar la responsabilidad de Luis Alberto “N”, gracias a una investigación ministerial sólida y al desahogo de pruebas determinantes.
Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial ordenó la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado, quien pasará prácticamente el resto de su vida en prisión, en un fallo que busca enviar un mensaje claro contra la impunidad.
Con esta sentencia histórica, la Fiscalía General del Estado de Veracruz reafirma su compromiso de combatir de manera firme los delitos que atentan contra la libertad y la vida de las personas, garantizando que las víctimas obtengan justicia y que hechos tan dolorosos no queden en el olvido.