Tihuatlán, Ver.- “No aceptaremos imposiciones de fiscales generales, a modo, carnales o por pago de compromisos políticos. No permitiremos que impongan más a funcionarios que sólo dañan a la comunidad…”, remarcaron diversas organizaciones civiles y ciudadanas de los municipios de Tihuatlán y Castillo de Teayo, en respuesta a la convocatoria lanzada por el Congreso del Estado para elegir al nuevo fiscal general de la entidad.
La postura social la respaldan abogados independientes de ambas demarcaciones, así como sindicatos diversos, agentes municipales y ejidos tihuatecos, organizados para exigir a la Junta de Coordinación Política de la Legislatura estatal, que la designación se apegue a la honestidad y justicia.
En voz del abogado Emmanuel Arteaga del Ángel, para las sociedades de Tihuatlán y Castillo de Teayo el aspirante más viable para obtener la fiscalía general sería el doctor Gabriel Alejandro Williams Mendoza, por su trayectoria en el ámbito del Derecho y académico.
Entrevistado en el marco del pronunciamiento social en favor de su favorito, el profesionista explicó que una elección popular del fiscal general no es posible en la entidad, debido a que por Ley es el Congreso del Estado, como representante de pueblo, el facultado para designarlo. Pero, lo que sí se puede exigir es que no halla corrupción al momento de designarlo.