La relación entre el poder político y el gremio periodístico en México ha entrado, en los últimos años, en una etapa de tensión constante. La polarización política impulsada desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador marcó un antes y un después en la manera en que se percibe y se discute el trabajo de los medios de comunicación.
El discurso de confrontación, en el que se ha llegado a señalar de forma generalizada a ciertos comunicadores como “prensa vendida” o “chayoteros”, terminó por extenderse más allá del ámbito federal y permeó en distintas regiones del país.
El problema es que esa narrativa, útil en el debate político nacional, ha sido replicada en escenarios locales con consecuencias más delicadas: la descalificación directa del periodista como respuesta a la crítica.
En municipios como Poza Rica, este fenómeno ha generado un ambiente de creciente sensibilidad política. No pocos actores públicos, particularmente dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, reaccionan con molestia ante señalamientos o cuestionamientos y, en algunos casos, optan por descalificar al mensajero en lugar de responder al mensaje.
La crítica periodística, que debería ser parte natural de la vida democrática, termina etiquetada bajo adjetivos que buscan restar legitimidad a quien la ejerce. Ese tipo de respuestas no solo empobrecen el debate público, sino que también alimentan un clima de confrontación innecesaria entre prensa y gobierno.
Paradójicamente, mientras a nivel discursivo se enarbola la consigna de “no mentir, no robar, no traicionar”, en la práctica política local las tensiones suelen derivar en contradicciones evidentes cuando la crítica incomoda. La congruencia entre el discurso y la acción se vuelve entonces un punto central de discusión pública.
Un ejemplo que ha sido recurrente en el debate local es el del primer Gobierno Municipal emanado de Morena en Poza Rica, encabezado por Francisco Javier Velázquez Vallejo. Durante esa administración, diversos medios y solicitudes de transparencia dieron cuenta de contrataciones relacionadas con servicios de comunicación y manejo de redes sociales.
De acuerdo con información periodística y documentos de acceso público, se reportaron pagos de hasta 140 mil pesos mensuales a una empresa identificada como Mark Agencia Creativa, con cifras que habrían variado en distintas etapas del contrato, así como versiones encontradas sobre la denominación exacta de la empresa y sus representantes.
En ese contexto, también se mencionaron nombres como el de Miguel Montero, amigo del hijo del exalcalde, con quien creó dicha empresa para sacar provecho personal, lo que derivó en una controversia pública sobre la relación entre proveedores, contratos y comunicación institucional.
Dicha empresa habría recibido el pago de millones de pesos al término de la administración, pagos que superaban cualquier convenio de propaganda con los medios de comunicación locales, por lo que la pregunta sería: ¿Acaso las empresas de comunicación afines de los gobiernos morenistas no son también “chayoteros”?
Y es justamente ahí donde el periodismo juega un papel incómodo pero necesario: preguntar, contrastar, documentar y exhibir aquello que el poder preferiría mantener fuera del escrutinio público.
El riesgo de la actual dinámica política no es únicamente la confrontación entre gobierno y prensa, sino la normalización de la descalificación como respuesta automática a la crítica.
Cuando se etiqueta al periodista en lugar de responder a los hechos, se debilita no solo la libertad de expresión, sino también la calidad de la democracia local. Al final, el reto no es si la prensa es incómoda o no, sino si el poder está dispuesto a convivir con esa incomodidad como parte esencial de la vida pública.
Que no se les olvide a los morenistas de piel sensible que en la política no se valen los golpes de pecho, porque en el negocio de la política hay que aprender a comer caca, sin hacer gestos. Y en realidad, en la víspera de celebrar la libertad de expresión, es hora de que reflexionen: ¿quiénes son más “chayoteros”?