El ORFIS dictaminó presunto daño patrimonial de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), a cargo de Sergio Rodríguez, por 30 millones de pesos
Poza Rica, Ver.- Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2023 por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), arrojan un presunto daño patrimonial de 30 millones de pesos, cuyo titular es Sergio Rodríguez Cortés, quien resultó ser todo un fiasco por lo que no se duda, que sea retirado del cargo.
Esto deja entrever por el por qué la PMA ha sido tibia con DISCRICAR que tanta contaminación ha cometido en la ciudad con el tema de la basura, ya que, desde su llegada a la ciudad, no ha podido con la recolección y sólo ha dado problemas a la ciudadanía, cobrando millonarias cantidades cada mes.
El organismo fiscalizador precisa 5 observaciones por presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública que son TP-068/2023/001 DAÑ por 4 millones 249 mil 682, TP-068/2023/002 DAÑ por 12 millones 320 mil 215 pesos.
Sigue el daño patrimonial
Asimismo, la observación TP-068/2023/003 DAÑ por 4 millones 400 mil 139 pesos,
TP-068/2023/005 DAÑ por 8 millones 932 mil 291 pesos y la TP-068/2023/006 DAÑ por 509 mil 435 pesos que suman un total de 30 millones 411 mil 765 pesos.
Con relación a Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, ORFIS le hace la observación a la PMA sobre por qué no avisó a la SEDEMA de alguna infracción cometida por personas físicas, morales o municipios, argumentando que se levantaron 133 actas circunstanciadas en materia de auditoría ambiental voluntaria, incluido Poza Rica.
Sin embargo, ORFIS señala que pese a las aclaraciones y documentos presentados por la PMA, “éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir la comisión de faltas administrativas o presunta existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública, respecto de la gestión financiera de la PMA.
Ante ello, ORFIS señala que se promoverá el fincamiento de responsabilidades a determinar daños y perjuicios, toda vez que los servidores públicos que se desempeñan en la PMA, se se liberan de algún tipo de responsabilidad civil, administrativa o penal.