Nueva ley Gestapo jarocha

Xalapa, Ver.- Por medio de una nueva ley, el Gobierno de Veracruz proyecta “fichar” o “boletinar” a las familias de las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios del estado.

De este modo por medio del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), el Gobierno concentraría los datos recolectados en el Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública.

A cargo de dicho sistema, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez propone crear un Centro Estatal de Información (CEI), y de manera semejante a una agencia de inteligencia o una “policía secreta”, este vinculará toda la base de datos de personas detenidas, policías preventivos, personal de seguridad privada, armamento, sentencias y toda la información relativa a los privados de su libertad.

Lo anterior lo contempla la nueva propuesta de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), presentada por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante el Congreso del Estado.

Dicha iniciativa contempla dejar sin efectos la todavía vigente Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública, promulgada por Javier Duarte de Ochoa en noviembre de 2014. En esta, el gobierno solo proyectó documentar la detención de personas, pero sin incluir datos concernientes a la familia del infractor.

FICHARÁN A FAMILIARES

De manera semejante al actuar de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad durante la “Guerra Sucia”, la propuesta de ley de Cuitláhuac García prevé conformar un registro de información penitenciaria. En el artículo 313 de la propuesta de ley, dicho registro colectará información concerniente a las personas privadas de su libertad. Dicha información contempla la clave de identificación biométrica, tres identificadores biométricos, nombre, fotografía, municipio donde se encuentra el centro penitenciario y características del reo: sexo, fecha de nacimiento, estatura, peso, nacionalidad, municipio de origen, escolaridad y ocupación.

En el punto VIII de dicho artículo, se autoriza que el Gobierno acceda a información sobre el cónyuge, pareja, familiares directos y los dependientes económicos (hijos y nietos).

La ley contempla que el Sistema cuente con acceso a la información del domicilio de los y las familiares directos de la persona privada de su libertad e incluso, sus actividades diarias.

Esta información la registrará el Sistema Estatal de Información en Seguridad Pública y contendrá los datos de las personas detenidas, y la información concerniente a las personas privadas de su libertad, es decir, lo arriba descrito.

A cargo de lo anterior operará el Centro Estatal de Información, y este será el vínculo de los datos entre una y otra dependencia de seguridad pública.

AL ESTILO GESTAPO

Otro de los aspectos contemplados por la ley es la creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia, y versa el artículo 398, podrá trazar un plan para generar inteligencia y esta podrá: identificar, ubicar y neutralizar a objetivos generadores de violencia. Otra de las funciones de la Unidad de Análisis e inteligencia consiste en “compilar información sustantiva para ejecutar labores de inteligencia en materia de seguridad pública en el ámbito de su competencia”.

Esta información proporcionará al Secretariado investigaciones en donde detecten “amenazas” o “riesgos” contra el orden y la paz pública.

Además de conformar datos de bancos que sustenten el desarrollo de acciones contra la delincuencia y consolidar la integración de fichas criminales de personas, grupos y organizaciones delictivas en Veracruz.

TAMBIÉN QUIERE SU UIF

A la par de lo anterior, el Gobierno proyecta crear su propia Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) para investigar y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado.

Esta versión local de la Unidad de Inteligencia Financiera federal, la UIPE tendrá facultades para investigar a personas con incremento no justificado de  beneficios económicos.

Esto, a partir de la información proporcionada por las dependencias tanto del Gobierno de Veracruz como del federal.

HABRÁ LIMPIAS DE PERSONAL

Otro de los aspectos que prevé la ley es que el Estado puede cesar a los y las servidoras de las corporaciones policiales y negarle el derecho a la reinstalación.

Esta condición anteriormente se reservaba para los policías, de acuerdo con la Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En los artículos 104 y 105 de la nueva ley propuesta por Cuitláhuac García, en ningún caso procede la reinstalación de las y los servidores de las instituciones policiales y estos podrán ser removidos por incumplimiento de sus obligaciones y deberes. “En ningún caso procede su reinstalación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa intentado para combatir la separación, la remoción o cualquiera otra forma de terminación del servicio”.

En caso de que un tribunal resuelva que procedió de manera injustificada la remoción de la o el servidor, el estado o el municipio contempla una gratificación semejante a la de los artículos 78 y 79 de la ley 310 en vigor.