Busca armonía con ley federal y corrige vacíos jurídicos; crearán una plataforma con datos.
XALAPA, VER.– La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, envió al Congreso local una iniciativa para abrogar la actual Ley en Materia de Desaparición de Personas y establecer un nuevo marco jurídico que fortalezca la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas, mediante una estructura legal más precisa y eficiente.
La propuesta plantea la creación de una Plataforma Estatal Única de Identidad, que concentrará datos personales, biométricos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la información contenida en las carpetas de investigación. Esta herramienta permitirá la interoperabilidad entre instituciones estatales y federales.
Uno de los ejes principales es la integración obligatoria de todos los bancos de datos forenses estatales —genéticos, antropológicos, odontológicos y dactiloscópicos— con los bancos nacionales, para garantizar trazabilidad, transparencia y eficacia. Además, se obliga a la entrega periódica de esta información a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Estatal de Búsqueda.
La ley también establece que cada ayuntamiento deberá nombrar una unidad o enlace responsable de colaborar en acciones de búsqueda y atención psicosocial a familias afectadas, así como participar activamente en el Registro Oficial de Personas Desaparecidas. Se reconoce formalmente la participación de familiares, quienes podrán proponer rutas de búsqueda, recibir acompañamiento jurídico y obtener acceso a información de forma oportuna.
En cuanto a las sanciones, se contemplan medidas administrativas, penales y civiles para servidores públicos o particulares que obstaculicen o retrasen los procesos de búsqueda. El enfoque propuesto incorpora principios de igualdad, no discriminación, perspectiva de género, interculturalidad y atención diferenciada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mujeres, migrantes, personas indígenas, niñas, niños y población LGBTIQ+.
La mandataria estatal argumentó que la legislación vigente desde 2018 presenta ambigüedades, deficiencias operativas y contradicciones legales que dificultan la atención efectiva a las desapariciones, por lo que esta nueva iniciativa busca subsanar esas fallas y atender las exigencias de los colectivos y familias que han denunciado la falta de respuesta institucional.
