Tuxpan, Ver.- A solamente tres días de que concluya la administración municipal 2018-2021, el ayuntamiento hizo todo lo posible por heredar al nuevo gobierno municipal un conflicto administrativo con el ejecutivo del estado.
Y es que, en su carácter de representante legal del ayuntamiento, la síndico Areli Bautista Pérez, con el aval del alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, promovió ante el Juzgado Séptimo de Distrito recurso de amparo contra el gobierno del estado que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, en el tema de convenio de incorporación de los empleados al Seguro Social.
Como antecedente, el titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene la facultad de otorgar aval a los municipios que lo soliciten, “a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que deriven de los convenios que celebren con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la incorporación o regularización voluntaria de sus trabajadores al régimen obligatorio del mismo Instituto”.
Con base a ello, en caso de mora, se le podrá descontar al ayuntamiento las participaciones federales que le correspondan, para el pago de las aportaciones de seguridad social derivadas de los convenios mencionados.
Pero, debido a que la administración de Juan Antonio Aguilar está por concluir, se interpreta que hubo negativa del gobernador de firmar dicho convenio, pues obligaría a cargar una deuda más a la administración municipal que entrará en funciones el 1 de enero próximo.
Ante tal negativa y la promoción de amparo indirecto, al acto reclamado se le asignó el expediente 581/2021, con lo que el Juzgado admitió a trámite la demanda en cuestión.
El Juez 7º dio fecha para audiencia el 25 de enero de 2022, es decir, el desahogo será con la representación legal del nuevo ayuntamiento.
Lo que llama la atención es que el amparo indirecto se haya promovido hasta ahora, cuando restan escasas 72 horas para que Aguilar Mancha y su comitiva dejen sus funciones de gobierno.

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