Luis Navarro Arteaga
Nos hemos acostumbrado a escuchar que, a mediados del siglo XX, Poza Rica fue el paraíso. La industria petrolera estaba en su apogeo y generaba riqueza para todos; además, era considerado uno de los mejores lugares para vivir. Sin embargo, las crónicas de la época, registradas por los reporteros de entonces, contradicen este idílico relato de una ciudad perfecta y feliz.
Es normal que los beneficiarios del poder hayan construido esta imagen del nuevo municipio, pero la realidad, como siempre, se opuso a esa narrativa. En la ciudad, la vivienda era uno de los principales problemas que enfrentaban las clases populares. Las rentas eran altas y las casas no estaban en las mejores condiciones. Frente a los abusos de los arrendadores surgió la Unión Inquilinaria, que se enfrentó a los propietarios de las viviendas.
A continuación, se presenta una nota que refleja los problemas legales que enfrentaban los inquilinos y cómo la organización los apoyaba con éxito. El 28 de marzo de 1955, La Opinión publicó la siguiente titular:
“La Unión Inquilinaria de Poza Rica contra la explotación inicua de los caseros”.
El sumario del texto decía:
“Por el bien de las familias, está dispuesta a poner coto a los abusos de los casatenientes”.
El texto completo es el siguiente:
“Numerosos casos se han resuelto favorablemente en defensa de los habitantes, gracias a la intervención de la Unión Inquilinaria de Poza Rica, que recientemente ha decidido emprender una campaña sistemática contra los caseros que consideran a la ciudad como un rebaño para explotar. Estos abusos afectan las necesidades de las familias y dañan el prestigio y desarrollo de Poza Rica.
En una interesante entrevista, los dirigentes de la mencionada organización, que está aumentando considerablemente sus filas, expresaron que, gracias a las gestiones de su presidente, el profesor Rogelio Ibáñez Rocha, las autoridades han actuado con sentido de justicia. Esto ha impedido que empleados menores tomen decisiones fuera de sus competencias para favorecer a los propietarios. En este contexto, las reclamaciones deben resolverse únicamente por la vía civil.
La mayoría de los habitantes de Poza Rica paga rentas exorbitantes por viviendas sin condiciones sanitarias. En algunos casos, los propietarios han intentado recurrir a las fuerzas de seguridad o autoridades administrativas para desalojar a los inquilinos, acusándolos de retrasos en el pago de la renta.
La decidida intervención de la Unión Inquilinaria ha evitado numerosos desalojos, como en el caso de Darío Valdez, quien arrendaba de manera irregular una vivienda a la señora Andrea Acosta en la colonia Flores Magón. La demanda por falta de pago fue resuelta a favor de la inquilina al comprobarse que la vivienda no tenía condiciones de habitabilidad.
De igual manera, la señora Ventura Bravo fue demandada por Nicolás Pérez Meza para desalojar una casa ubicada en la carretera a la Petromex. El fallo fue en contra del propietario, al comprobarse que el inmueble no cumplía con los estándares sanitarios establecidos por la ley.
La Unión Inquilinaria continuará intensificando sus acciones para erradicar la explotación de los inquilinos, combatiendo las rentas desproporcionadas y exigiendo condiciones dignas de vivienda. Esta lucha busca no solo la protección de los habitantes, sino también el progreso y la buena reputación de Poza Rica”.
