El movimiento plagado de dudas y doble moral surge en contexto de la elección para renovar el Poder Judicial.
POZA RICA, VER.– Durante años, las asociaciones de abogados permanecieron en silencio ante las condiciones limitadas de infraestructura que enfrentaban los juzgados en el distrito judicial más grande de la zona norte del estado. Jamás alzaron la voz ni mostraron indignación frente a la falta de espacios dignos o instalaciones adecuadas, aceptando con pasividad el rezago que por décadas imperó en la administración de justicia.
Por décadas fueron cómplices del atraso. Ahora, en un movimiento politizado y con una aparente búsqueda de intereses, los integrantes de la Asociación de Abogados de Poza Rica y el llamado “Gremio Jurídico Unido” —surgido para ejercer presión mediática— intentan desacreditar los avances en materia de infraestructura.
La creación de una Ciudad Judicial que centraliza los servicios jurisdiccionales avanza de manera paulatina. Por ello, lanzar quejas sobre algo que comienza a mejorar se considera un intento tardío de exigir espacios dignos, según opinan abogados que no están de acuerdo con este movimiento.
Cuestionado sobre este tema, un abogado independiente de Poza Rica señaló que las condiciones anteriores eran iguales o peores. “Y todavía se pagaba renta. Muchos de los que hoy se quejan litigan en Papantla y en otros municipios donde los juzgados están más apretados que aquí… se les olvida que el país está en transformación y que se avanza de manera austera, pero constante”.
Por todo esto, resulta contradictorio que quienes nunca exigieron mejoras hoy critiquen un proyecto que representa un paso adelante —aunque incipiente— en beneficio de la impartición de justicia. Además, la coincidencia entre el contexto electoral y las denuncias mediáticas siembra dudas sobre la autenticidad de las preocupaciones del gremio.
Llama la atención que las denuncias públicas de abogados sobre la Ciudad Judicial emerjan precisamente en el marco del proceso electoral interno del Poder Judicial del Estado, lo que pone en duda la intención genuina de estas declaraciones.
Detrás de los señalamientos que buscan desacreditar el complejo judicial y solicitar incluso la intervención del ORFIS, parece haber un interés más político que técnico o legal.
La crítica se agudiza cuando se pretende manchar la imagen de la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, justo cuando su gestión ha impulsado obras de impacto para la justicia local. La coincidencia entre el contexto electoral y las denuncias mediáticas siembra dudas sobre la autenticidad de las preocupaciones del gremio.
Si bien es válido señalar áreas de oportunidad en el nuevo edificio judicial, la legitimidad de esas exigencias pierde fuerza cuando provienen de una asociación que, durante años, fue omisa y complaciente ante un sistema judicial aún más precario.