El juez sexto de lo familiar, Juan Eleden Salazar Suárez, es señalado de posibles actos de corrupción y permitir el maltrato hacia un menor de edad.
Durante más de un año el juez ha dilatado la resolución del expediente 996/2018, y en un afán de querer lavarse las manos deja todo al sistema DIF, pues la convivencia del pequeño y su padre apenas ha sido de 4 horas, en una pequeña sala del organismo municipal, algo que ha ocurrido desde los 2 años de edad del menor y sigue hasta ahora, con 7 años cumplidos.
Todo este letargo en el caso levanta la sospecha razonable de que exista un acto de corrupción entre el tribunal familiar y la otra parte, ya que el tema no avanza a pesar de que tiene los elementos necesarios para emitir una resolución.
El juez Salazar Suárez ha desestimado acusaciones contra la madre, por incurrir en aleccionamiento parental, una forma de maltrato infantil que consiste en la manipulación de un progenitor hacia su hijo para que rechace al otro progenitor, también conocido como síndrome de alienación parental (SAP).
Fuentes cercanas al caso, han revelado que la madre ha argumentado violencia, sin embargo, se han pedido pruebas periciales para demostrar si ella efectivamente influye en el menor para que lo rechace, sin embargo tampoco lo ha permitido, algo que es un claro abuso al menor de edad.
Las restricciones hacia el padre, van más allá, pues también se presume que la otra parte busca mostrar dictámenes psicológicos ligados a asociaciones feministas de las que forma parte la madre del menor y que pudieran ser imparciales, por el claro conflicto de intereses que pudiera existir.
Todo este tiempo el titular del juzgado sexto familiar ha detenido el proceso y reducido la convivencia de un padre y su hijo a solo un par de horas, en un espacio reducido, ya que el juzgado tampoco cuenta con áreas idóneas para este fin, por ello, se exige a las autoridades que se actué con imparcialidad y se avance en la impartición de justicia.
