Ciudad de México.- La iniciativa privada se comprometió a regularizar las plantillas de trabajadores, terminar con los abusos de la subcontratación y definir un esquema justo para el reparto de utilidades; por su parte, el gobierno federal pidió al Poder Legislativo aplazar hasta febrero de 2021 la discusión y aprobación de la reforma de outsourcing que plantea el Ejecutivo y que será considerada como iniciativa preferente.
“No se puede imponer nada, hemos decidido después de solicitudes de diálogo y consulta que hizo el sector empresarial y el obrero, que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre estos dos temas, escuchándonos todos y poniendo por delante el interés general, en este caso el beneficio del desarrollo del país”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde explicó los cuatro puntos del acuerdo al que se llegó con el sector privado, que son “resolver el problema del abuso de subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal”.
El segundo punto se refiere al reparto de utilidades que, “en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago”.
Además de que “las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse”.
El último punto es un “llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente”.
El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín participó en la firma del acuerdo y aseguró que en las negociaciones se privilegió al diálogo a pesar de que hubo puntos de vista de distintos. “Agradecemos que nos permita tener este diálogo, que no tenga un momento como aparentaba que iba a tener que iba a concluir, situaciones en que el trabajador o el empresario nos podíamos sentir a disgusto con la conclusión”, mencionó.
A principios de noviembre, el presidente López Obrador firmó una iniciativa para desaparecer el esquema de outsourcing –bajo el cual hay 4 millones 600 mil personas en México– y armonizar la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal, Ley del ISR, Ley del IVA, desde entonces comenzaron las mesas de diálogo con el sector empresarial.
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