Mientras el Poder Judicial del Estado enfrenta serias carencias, que obligan a sus empleados a adquirir material indispensable como papelería, cartuchos de tinta y pagar servicios básicos de sus propios bolsillos, su titular, Edel Álvarez Peña, ordena la remoción de personal con probada capacidad y experiencia, para sustituirlos con sus amigos o cumplir compromisos de campaña.
El más reciente caso de este tipo de arbitrariedades se dio con la designación de Felipe Alejandro Hernández Pérez como defensor de oficio en el Juzgado Primero de Primera Instancia en esta ciudad, quien hasta antes de dicho nombramiento era titular de la oficina del Registro Público de la Propiedad en Tuxpan.
Por REDACCIÓN

