Xalapa, Ver., 4 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos humanos localizados durante las diligencias ministeriales corresponden a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

De acuerdo con la institución, los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación científica de los restos, lo que permitió confirmar la identidad de la comunicadora y fortalecer las investigaciones para el esclarecimiento del caso.

Como resultado de las investigaciones ministeriales, de gabinete y de inteligencia, la Policía Ministerial ejecutó ocho órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista.

Entre los detenidos se encuentran Javier Iván “N”, alias Delta 1; José del Carmen “N”, alias Delta 7; y Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón, señalados por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima y, posteriormente, en su homicidio, presuntamente en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias La Hiena.

Asimismo, fueron detenidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. De acuerdo con la carpeta de investigación, presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a la célula delictiva involucrada en el crimen.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que en audiencia inicial determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado reiteró que las investigaciones se realizaron con base en evidencia científica, actos de inteligencia y trabajo ministerial, al tiempo que refrendó su compromiso de esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y combatir la impunidad.

La institución recordó que todas las personas detenidas gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.