Felipe Calderón entregó cárceles a privados

Ciudad de México.- La privatización de cárceles federales inició en México en 2010. Entonces el país llevaba cuatro años sumido en una guerra contra el narcotráfico que hizo que la tasa de homicidios dolosos aumentara 55.8 por ciento real desde 2006; y en esa vorágine de violencia el Sistema Penitenciario no se daba abasto.

Ese año, en 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó el desempeño de las cárceles federales por el alto nivel de hacinamiento de presos que había y que no garantizaba los derechos humanos ni la reinserción social. En ese contexto, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa estaba preocupado por la tendencia al alza de la población penitenciaria, y tenía razón. Entre 2006 –cuando Calderón llegó al poder– y 2012 –cuando lo abandonó– la población privada de la libertad como proporción demográfica aumentó 4.4 por ciento real. Eran tiempos de necesidad e insuficiencia presupuestaria, y así lo reconoció el expresidente de la República en su Cuarto Informe de Gobierno.

“Para potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario federal y asumir en instalaciones federales la custodia de la totalidad de la población del fuero federal, se construirán 12 centros penitenciarios con una capacidad para 32 mil 500 internos. Estos centros serán financiados y construidos mediante alianzas público-privadas bajo el esquema de contrato de prestación de servicios, y se distribuirán en 12 polígonos: Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla y Zona Metropolitana”, explicó Calderón Hinojosa.

El plan, en esencia, era simple: recurrir a la inversión privada para aumentar el número y la calidad de las prisiones federales con la finalidad de mitigar los graves problemas tras las rejas (sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes) con menores costos económicos y sociales (prevención de reincidencia, motines y fugas). Así, los constructores estarían encargados de la operación administrativa y de los insumos de las cárceles, aunque la seguridad y custodia continuarían a cargo del Estado.

Pero en los hechos, la situación fue otra: el Gobierno federal se comprometió a darle casi 10 mil millones de pesos anuales durante 20 años a un manojo de empresas, lo que además de comprometer la mayor parte de su presupuesto devengado en prevención y readaptación social, instauró un esquema enfocado en satisfacer las necesidades de las empresas antes que las de las personas usuarias, ya que los internos pasaron a ser “un medio para que la empresa privada obtuviera beneficios económicos” aún a costa de los derechos humanos, de acuerdo con el informe Privatización del Sistema Penitenciario en México de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.

A 10 años de haber iniciado el proceso de privatización, en México hay ocho cárceles federales de asociación público-privada (APP), así como dos centros capitalinos penitenciarios bajo dicho esquema.

Por un lado, los centros APP están mejor evaluados en “aspectos que garantizan la integridad física y moral de los internos” (que engloba la distribución de presos por área, servicios médicos y la prevención y atención de incidentes violentos, tortura y/o maltrato) y en “aspectos que garantizan una estancia digna” (que mide la calidad de los alimentos, la higiene y las instalaciones).

Por otra parte, los centros públicos están mejor evaluados en materia de “condiciones de gobernabilidad” (que califica la calidad del personal, las sanciones, el control y las normas internas de la cárcel) y de “atención a personas encarceladas con requerimientos específicos” (que incluye servicios, trato e instalaciones para mujeres, adultos mayores y personas indígenas, LGBTTTI, con VIH/SIDA, adicciones y/o con capacidades diferentes).

Sin embargo, en materia de “reinserción social del interno” (que abarca la capacitación del personal y la existencia de áreas y actividades para el desarrollo de los reclusos) ambos esquemas de centros penitenciarios tuvieron una calificación similar en el último año de evaluación (2019).

“En términos generales, los centros APP tienen una calificación (7.6 de 10 puntos) ligeramente superior a la de los centros públicos (7.4 de 10 puntos). A pesar de ello, en ambos esquemas penitenciarios, la calidad y las condiciones mínimas “para procurar una estancia digna y segura y lograr el objetivo de reinserción social” es media o aceptable, pero no adecuada, de acuerdo con los datos para Centros Federales del Diagnóstico Nacional de Supervición Penitenciaria 2019 de la CNDH.

En la siguiente gráfica es posible observar una comparación de siete de 40 subindicadores de medición de calidad de la CNDH que ejemplifican parte de los actuales y grandes problemas del Sistema Penitenciario en México.