El Ipax, quebrado

Al menos 40 millones de pesos en impagos con la seguridad social y el fisco carga el Instituto de la Policía Auxiliar y de Protección Patrimonial (IPAX) para el estado de Veracruz.

Tales adeudos los exige el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), suministrador de los servicios médicos para los policías auxiliares, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por concepto de Impuesto sobre la Renta.

El Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección P a t r i m o n i a l para el Estado de Veracruz (IPAX), Héctor Manuel Riveros, proyectó que tales adeudos queden finiquitados a fin de 2022, aunque no especificó de donde provendría la fuente de financiamiento.

“Esperamos que este año quede liquidado todo eso y el IPAX podrá tener mayor cobertura en todos los aspectos” dijo. Destacó que entre la reducción de gastos que aplicó el IPAX está la de la compra de los edificios que albergaban las comandancias Oriente y Poniente del Instituto. Por lo que el ente de protección se ahorrará los gastos de arrendamiento de ambos cuarteles. “El IPAX no tiene ningún subsidio, no tiene recursos estatales o federales, sobrevive

gracias a los servicios que presta, es autosuficiente financieramente, depende nada más del organismo”, señaló.  No obstante, refirió que cuando se aplican bien los recursos alcanza para todo, por lo que en este momento no enfrentan adeudos, más lo que se encontraron de pasadas administraciones.

“Pero actualmente estamos aplicando los recursos con la mejor transparencia”, abundó. Expuso que en el IPAX hay alrededor de 7 mil 500 elementos operativos y cerca de 500 administrativos en todo el estado. Hay que recordar que en octubre pasado la Contraloría General del Estado (CGE) dictaminó que dos exservidoras públicas del IPAX tendrían que pagar 34 millones de pesos. Y es que la CGE detectó inconsistencias en el proceso de entrega recepción de la Policía Auxiliar.

A partir de la información entregada en el cambio de Gobierno, la entonces Contraloría inició una investigación por una presunta responsabilidad administrativa. Las servidoras amonestadas ejercieron el cargo de subgerente de Recursos Financieros, María Aurora “N”, y la gerente de Administración, Martha Elena “N”, ambas adscritas al IPAX.

Lo anterior conforme al procedimiento administrativo 301/2017 contra Martha Elena “N” y María Aurora “N”, en 2020 la CGE confirmó las  responsabilidades administrativas contra las dos exfuncionarias. Cada una deberá pagar una sanción de 17 millones 552 mil 168 pesos y al mismo tiempo recibieron una inhabilitación por 5 años.

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