Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero durante el gobierno de Javier Duarte, logró un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar ser juzgado por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, dinero que éste habría transferido a diversas cuentas por órdenes del exgobernador.
Tras solicitar un recurso denominado “criterio de oportunidad” el 30 de noviembre pasado, Milenio dio a conocer que ahora, tendrá que declarar en contra de Duarte y otros exfuncionarios, en los juicios donde éstos sean acusados, pues de no ser así perdería el beneficio y sería juzgado por el desvío millonario.
Otro personaje que goza de impunidad es el exdiputado federal, Alberto Silva Ramos, sin que haya sido requerido por las autoridades aunque el proceso penal en su contra esté vigente, a pesar de ya no contar con fuero legal.
Adolfo Mota Hernández, es otro de los duartistas involucrados que sigue impune, quien al frente de la SEV, concedió por lo menos siete contratos por casi 325 millones de pesos a compañías, hoy inhabilitadas por el SAT, mediante adjudicación directa sin competencia.