A partir del próximo primero de diciembre, con la llegada al gobierno de Pepe Yunes, Cuitláhuac García tendrá que rendir cuentas por una serie de irregularidades que marcaron su gestión.
La primera acción del nuevo gobierno será exigir explicaciones legales al saliente, sobre el aumento de la deuda pública en 20 mil millones de pesos sin justificación aparente, así como los subejercicios presupuestales superiores a los 6 mil millones de pesos y la colocación de dinero público en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, donde se señala la participación de su primo hermano Eleazar Guerrero.
García deberá responder también por la compra de medicinas caducas por 980 millones de pesos, los 700 kilómetros de carreteras estatales presupuestados pero nunca reparados, y el otorgamiento del 99% de los contratos de obra pública sin licitación, bajo sospecha de corrupción.
La lista de irregularidades incluye la compra de patrullas por un monto inexplicablemente alto de más de 300 millones de pesos, el tráfico de plazas en la Secretaría de Seguridad Pública y el hallazgo de fosas clandestinas en el cementerio de Palo Verde, donde está involucrada la propia Fiscalía.
Además, deberá responder por las transacciones corruptas en los Verificentros, el soborno en Tránsito y sus presuntas alianzas con siete cárteles del crimen organizado que controlan gran parte de los municipios.
El gobierno de Pepe Yunes también destacará el abandono del campo, la falta de empleo y los desvíos de fondos de la Secretaría de Educación para fines electorales.
Se le reprochará también su nepotismo desmedido, que llevó a la colocación de familiares sin capacidad en cargos de alta responsabilidad.
García deberá explicar ante la justicia por permitir el saqueo de las arcas públicas en los poderes legislativo y judicial, así como el chantaje a los municipios en la contratación y compra de bienes y servicios.
Las acusaciones incluyen la escalada feminicida, la corrupción policiaca, los presos políticos y la indolencia ante la pandemia, las inundaciones y el abandono de las comunidades indígenas.
Incluso la venta de uniformes está bajo sospecha por posible complicidad.
El futuro de Cuitláhuac no luce prometedor, especialmente con las investigaciones que apuntan a actividades financieras ilícitas de su primo Eleazar Guerrero, quien desde la Secretaría de Finanzas habría beneficiado al exgobernador.
La etiqueta de «honesto» y «bendito» otorgada por López Obrador difícilmente se mantendrá para García, quien deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones.
El tiempo revelará el desenlace de estas acusaciones.