Citlali implora ayuda al Congreso

Tamiahua, Ver. – La presión que ha ejercido el síndico del ayuntamiento, Albertico Rivera del Ángel, y la regidora tercera, María Victoria González Ramos, por las denuncias de las irregularidades detectadas en la administración municipal, han calado tanto en la alcaldesa Citlali Medellín Careaga que, en un desesperado intento de hacerlos a un lado, solicitó que sean destituidos.

Ambos integrantes de la comuna se han confrontado abiertamente contra la presidenta municipal, tras denunciar malos manejos de recursos, obras inconclusas e infladas en su costo, además de excesivos gastos con viajes pagados con recursos públicos, lo que ha desatado la ira de Medellín Careaga, quien ve en riesgo sus ilusiones de convertirse en candidata a diputada.

Lo anterior se desprende del oficio 2274/PTE/SRIA/2020, de fecha 2 de diciembre del año en curso, suscrito por la presidenta municipal y enviado a la Legislatura del Estado.

En el documento se precisa que el asunto es para «solicitar la suspensión y revocación del mandato de los ciudadanos Albertico Rivera del Ángel, y María Victoria González Ramos, actuales síndico y regidora tercera del H. Ayuntamiento de Tamiahua», a quienes supuestamente ha denunciado, pero no ha exhibido documental alguno.

Y aunque con base a ello el oficio fue turnado a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis, lo cierto es que la edil trata a toda costa de sacudirse a quienes ponen en evidencia las irregularidades de su administración.

Cabe mencionar que, además de oponerse a los excesos de la presidenta municipal, recientemente Albertico Rivera del Ángel dio a conocer que Medellín Careaga fue demandada ante el Tribunal Electoral de Veracruz por violencia política.

Con base a ello se abrió el expediente TEV-JDC 561/2020, tras lo cual el Tribunal condenó la alcaldesa a garantizar la protección de los derechos político-electorales del síndico y la regidora tercera.

Sin embargo y ante el incumplimiento de la resolución, ambos ediles procedieron de nuevo en contra de la munícipe, quien, acusaron, les ha negado todo acceso a documentos en torno a la administración pública y prácticamente los bloquea, impidiéndoles el libre ejercicio de sus funciones y encomiendas.

Aun así, el síndico dio a conocer que contra todo ello él sigue fungiendo pese a que «se le han cerrado las puertas», ante lo cual Citlali Medellín ahora pretende “mover sus influencias en el Congreso” para que sean destituidos.