Papantla, Ver.- Mientras el ayuntamiento se cae a pedazos y diversas áreas del Palacio Municipal han cerrado sus puertas para la atención al público, Los Romero y sus secuaces estarán disfrutando de los últimos bailes y fiestas que se estarán celebrando en su natal Cerro Blanco, la única comunidad donde no le temen al Covid-19.
A pesar de estar en juego el pago de aguinaldos y prestaciones para los trabajadores de la clase sindicalizada y mientras que los trabajadores jubilados continúan esperando el pago de su dinero que por ley les corresponde luego de haber dedicado su vida a laborar en el ayuntamiento, el clan de Los Romero prepara su última jugada maestra.
Con bombo y platillo se ha anunciado la feria de Cerro Blanco, en honor a San Andrés, la cual se celebrará el próximo martes 30 de noviembre, siendo la familia imperial la que ha designado un importante recurso para la realización de esta fiesta, donde echarán la casa por la ventana, mientras los papantecos se quedaron esperando las tan anunciadas obras.
El incumplimiento de pago con la clase trabajadora cobrará factura no solo a Mariano Romero González, sino que arrastrará consigo al propio tesorero Jimmy Sánchez Willy, al contralor municipal, Alberto Martínez Olarte, entre otros, debido a que serían denunciados por el incumplimiento de un deber, más lo que se les acumule.
Al menos once trabajadores jubilados siguen su lucha mediante un juicio en contra del ayuntamiento, donde el propio alcalde Mariano Romero y sus colabores fueron denunciados ante la negativa de pago y el incumplimiento por parte de la administración actual de otorgarles el recurso que les corresponde.
Se trata de personas que durante años prestaron su servicio en distintas áreas del ayuntamiento, con la promesa de gozar de su recurso que por derecho les corresponde una vez que se retiraran, sin embargo, se fueron con las manos vacías.
A esta situación se les suma el pago a trabajadores que en su momento fueron separados de sus cargos, pues a su llegada Romero González desconoció a varios empleados sindicalizados y los echó a la calle, por lo que desde entonces enfrentan un juicio donde el ayuntamiento se vería obligado a reinstalarlos o en su defecto a pagar una fuerte suma de dinero.
Por: Miguel Ángel Guerrero
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