XALAPA, VER.- Integrantes del Sindicato Renovador Magisterial Veracruzano bloquearon este lunes los accesos principales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en protesta por lo que califican como graves irregularidades dentro de la Subsecretaría de Educación Básica.
Es por eso que los docentes acudieron desde temprana hora para exigir la intervención inmediata de las autoridades educativas y denunciar presuntos actos que afectan la estabilidad laboral del magisterio.
Dichos manifestantes señalaron que funcionarios estarían utilizando denuncias infundadas como herramienta para desplazar a directores y favorecer a personal afín mediante cambios de adscripción. De acuerdo con el secretario de Trabajos y Conflictos del gremio, Jorge García Lozano, estas prácticas responden a intereses ajenos a la educación y vulneran el debido proceso.
Las acusaciones se dirigieron directamente hacia la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, a quien responsabilizan de permitir dichas acciones. Según el dirigente, estas anomalías se han repetido en varios planteles del estado, generando inconformidad y un ambiente de incertidumbre entre la comunidad docente.
Uno de los casos mencionados es el de la directora de la Escuela Experimental, Adriana Ramos Maldonado, quien presuntamente habría intervenido en el nivel de Secundarias para favorecer ascensos de personal cercano, incluso recurriendo a acusaciones de acoso laboral sin sustento; los docentes aseguran que este tipo de señalamientos se están utilizando de manera discrecional para obtener puestos directivos.
De igual forma, los integrantes del sindicato recalcaron que su exigencia principal es que la Secretaría de Educación estatal procure procesos transparentes y respete la estabilidad laboral de todos los maestros, sin permitir presiones o intereses políticos dentro del sector educativo.
Asimismo, advirtieron que no permitirán que se fabriquen acusaciones en contra de docentes afiliados al Sindicato y reiteraron su exigencia de diálogo con las autoridades competentes para frenar dichas prácticas, que —aseguran— dañan la calidad educativa y la vida laboral del magisterio veracruzano.