Venustiano Carranza, Pue.- El presidente municipal, Vicente Valencia Ávila,
responsabilizó al gobernador del estado, Luis Miguel Baborsa Huerta y/o a
integrantes de su gabinete, de cualquier acto de represión y violencia en
contra de su persona y su familia, tras la presencia de grupos de
servidores públicos, adscritos a la FGE, a las afueras de sus viviendas.
A través de un comunicado aseguró que el Gobierno del Estado ha emprendido una persecución política en su contra por haber apoyado a la hoy finada ex gobernadora, Martha Erika Alonso Hidalgo.
Expuso que el grupo de personas extrañas que rondan sus domicilios
pretenden “sembrar” objetos y sustancias ilícitas en algún bien mueble o
inmueble de su familia, tal y como lo pretendían hacer, dijo, el pasado
octubre del 2019 durante un cateo que realizaron bajo una transmisión en
vivo a través de Facebook y en donde no lograron su cometido.
De igual manera precisó que existe un juicio de amparo indirecto 1004/2019
del juzgado tercero del distrito de amparo en el estado, quien ordenó a un
ministerio público federal abrir una carpeta de investigación en contra de
la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla luego de que en distintas
fechas fueron videograbadas patrullas cuyos policías armados se dedicaron a espiar las casas de su familia.
En el mismo comunicado rechazó que él y su familia tengan alguna relación
con grupos criminales tal y como lo expuso el Gobierno del Estado, en donde también involucran a la Guardia Nacional.
Por estos señalamientos en su contra urgió la intervención de la comisión
estatal y nacional de los Derechos Humanos, así como la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
Rechazó categóricamente todas las acusaciones en donde se le relaciona
pertenecer a grupos criminales debido a que solo han basado las acusaciones en supuestos y han buscado la manera de afectar su imagen política, así como la de su familia.
Incluso aclaró que la detención de la ex presidenta del DIF, Ilse Bernabe
Gutiérrez no fue por robo de hidrocarburo o relación con delincuencia
organizada, tal y como lo han hecho saber medios de comunicación
regionales, estatales y nacionales, a quienes demandó el derecho de
réplica.
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