Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó la violación al libre proceso y la violación al derecho a la seguridad jurídica de los proveedores y acreedores del Poder Ejecutivo de Veracruz.
Lo anterior, luego de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no cumplió con el acuerdo con fecha 27 de septiembre de 2017 emitido por Miguel Ángel Yunes Linares y publicado en Gaceta Oficial para validar los presuntos adeudos de la administración pública 2010-2016 con empresarios y contratistas.
Al incurrir en el incumplimiento, la Sefiplan violentó las garantías de quienes en su momento proporcionaron servicios y productos a la administración de Javier Duarte de Ochoa.
La resolución 155/2020 de Derechos Humanos advierte que Sefiplan solo dio inicio al procedimiento instaurado por las víctimas asignándoles un número de folio para que pudieran consultar el avance, requerimientos o resultado de la validación de sus adeudos de manera electrónica.
«A más de dos años (a partir de la primera solicitud por parte de las víctimas) la SEFIPLAN no ha dado ninguna respuesta», indica la recomendación de la CEDH.
En el resolutivo que fue publicado este lunes 12 se solicita la reparación del daño provocado a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Sobre todo se pide que Sefiplan inicie un procedimiento administrativo contra los servidores públicos que hayan incurrido en la presunta omisión.
Sobre este último punto, el abogado de los empresarios que promovieron la queja, Juan José Llanes Gil del Ángel abundó que en caso de ser necesario la Sefiplan tendrá que promover la correspondiente queja ante la Contraloría General del Estado para que esta promueva denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
TRAPITOS AL SOL
En la relatoría de hechos se muestra que el Gobierno de Javier Duarte contrató, pero no pagó diversos servicios a particulares.
Es el caso de un Sistema de Energía Ininterrumpida (UPS) suscrito con la Secretaría de Educación de Veracruz, por un monto de 573 mil 038.84 pesos; además del timbrado de comprobantes fiscales digitales para la nómina electrónica, igual con la SEV por un monto de 4 millones 060 mil pesos.
Además, el Gobierno de Javier Duarte no pagó 53 mil 636.00 pesos por concepto de arrendamiento de las oficinas de la Cumbre Tajín por parte de la Secretaría de Educación.
La SEV además nunca liquidó la compra por un millón 762 mil 817 pesos por mil 200 sillas de plásticom plegables, 300 mesas de resina plegables, mil 440 metros cuadrados de alfombra y mil 440 metros de alfombra poliform.
Tampoco pagó lo correspondiente a un millón 396 mil 236 pesos por la compra de mil 977 juguetes para hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación por motivo del festejo del Día del Niño y de la Niña.
Otro proveedor entregó mobiliario para la ampliación de la casa hogar “Conecalli” en Xalapa; incluyendo camas, mesas, sillas, muebles para servicio odontológico, pantallas, reproductores de DVD, columpios, básculas, equipo dental, colchones, edredones, cobertores y almohadas.
Como refiere, ninguno de estos implementos fue liquidado en su totalidad por el Gobierno duartista.
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