La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se manifestó en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), y advirtió que en territorio comunitario no se va a acatar, porque es violatoria a la Constitución y no es la solución para combatir a la delincuencia de la que, consideró, no es organizada, sino planeada y tolerada por los gobiernos federal y estatal.
Estos fueron acuerdos de las actividades que se realizaron en esta cabecera municipal de la región de la Costa Chica, con motivo del quinto aniversario de la creación del proyecto comunitario y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
En las cuatro mesas que se instalaron con los temas relacionados con seguridad, justicia y proyecto comunitario, las autoridades comunitarias acordaron, además, fortalecer a la organización para enfrentar las amenazas de los gobiernos federal y estatal que la han calificado como ilegal.
Asimismo, aprobaron constituir comités municipales y regionales y con ellos integrar un frente común y para que los pueblos se conviertan en vigilantes de su territorio e impedir el ingreso de extraños que tienen la intención de explorar sus recursos naturales, entre éstos la minería.
Los trabajos comenzaron el jueves en la cancha techada del centro de esta cabecera municipal, por las autoridades municipales, agrarias, comunitarias, coordinadores y comandantes de la Policía Ciudadana de la UPOEG, sin la presencia de su coordinador general y dirigente Bruno Plácido Valerio quien se encuentra convaleciente de un padecimiento de diabetes en el hospital general de Acapulco desde hace ocho días.
Al encuentro asistieron autoridades de 14 municipios de la región Costa Chica, Montaña y Sierra. Asistieron Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Juchitán, Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala, San Luis Acatlán, Cruz Grande, San Marcos, Ayutla y Tecoanapa de la Costa Chica, así como de Chilpancingo de la zona Centro y Heliodoro Castillo de la Sierra.
Desde el jueves se instalaron las mesas en donde las autoridades comunitarias aprobaron un pronunciamiento en contra de la LSI, que consideran violatoria de la Constitución y diseñada en contra del pueblo por lo que los asistentes aprobaron no acatarla en territorio comunitario.
El pronunciamiento dice: “nosotros consideramos que al ser una ley ambigua y no especificar detalladamente los procedimientos, acciones y sanciones que tendrán la Marina, el Ejército y el Ejecutivo vulnera todas las garantías individuales y colectivas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Para la UPOEG en el proceso de aprobación de dicha Ley, no se escucharon las voces ciudadanas de los intelectuales, de los defensores de derechos humanos, y, sobre todo, de los organismos internacionales y nacionales, “mismos que consideraron que esta ley significa un retroceso en cuanto a los derechos políticos y sociales de la población mexicana”.
Frente a estos antecedentes la UPOEG manifiesta que es necesario levantar la voz ante las acciones que un grupo de personas en el poder ejerce contra toda la nación.
“También es preciso dejar en claro que creemos que la discusión de esta Ley fue muy corta y no se realizó ninguna consulta”, dice el pronunciamiento dirigido a los gobiernos federal y estatal.
La organización agrega que esta Ley es contraproducente más en estados como Guerrero en donde “hemos vivido la violencia de Estado que reprime, asesina, tortura, desaparece y vulnera los derechos de la ciudadanía, es por eso que no aceptaremos la aplicación de la esta ley y exigimos que se revise detenidamente consultándonos a todos y a todas”.
La postura de la UPOEG establece que militarizar al país no es la solución para acabar con la inseguridad que aqueja a todo el territorio mexicano. “Como ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros derechos y obligaciones hemos demostrado que la organización de los pueblos ha sido la única capaz de regresar la tranquilidad a las comunidades por lo que debemos continuar el ejercicio democrático que ha demostrado UPOEG”, dice la postura.