Tiendas de autoservicio y conveniencia, mercados y demás comercios siguen utilizando, pasando por encima de la ley.
POR ROBERTO AGUILAR TOLENTINO
Poza Rica, Ver.– La iniciativa para reducir el uso de plásticos de un solo uso en hogares, escuelas, industrias y comercios no ha dado los resultados esperados, pues, a pesar de la normatividad ambiental que prohíbe o limita su utilización y contempla sanciones para quienes incumplan la ley, en la práctica su uso continúa de manera generalizada.
En Veracruz, la prohibición de plásticos, unicel y popotes se prevé en la Ley Estatal de Protección al Ambiente (específicamente a través de las reformas a la Ley 62) y la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos.
La reforma se publicó y aprobó en mayo de 2018. La medida comenzó a aplicarse de manera progresiva, arrancando con operativos en grandes cadenas y cines durante 2019, y entró en pleno vigor legal y punitivo a principios de 2020; pero, luego de ahí, todo se apagó.
Aunque durante un tiempo las tiendas comerciales dejaron de entregar bolsas de plástico a sus clientes, actualmente muchas volvieron a ofrecerlas, incluso cobrándolas por separado. De igual forma, en loncherías, cafeterías y establecimientos donde se expenden aguas frescas y licuados siguen utilizándose popotes, vasos de unicel y otros productos desechables.
La problemática también se observa en reuniones y fiestas particulares, donde continúa el consumo de platos, vasos y cubiertos desechables. Gran parte de estos residuos termina abandonada en calles, banquetas, predios baldíos, arroyos e incluso llega al mar, generando un impacto negativo en el medio ambiente.
A pesar de que la legislación en materia ecológica contempla sanciones para quienes incumplan estas disposiciones, hasta el momento no se han aplicado medidas visibles contra comercios o particulares que continúan utilizando estos productos.
Ante esta situación, ciudadanos consideran que la estrategia para disminuir el uso de plásticos de un solo uso ha fracasado debido a la falta de vigilancia y aplicación de la ley por parte de las autoridades encargadas de Ecología y Medio Ambiente, lo que ha permitido que la problemática permanezca prácticamente sin cambios.