Papantla, Ver.- La juez de juicio encargada del proceso penal que se le sigue a los ocho ex policías municipales sentenciados por el delito de desaparición forzada de personas, resolvió la tarde de este jueves que la sentencia para los ex servidores públicos será de 30 años. Así mismo, se les condenó a pagar una amonestación por $292 mil 196 pesos.
La Fiscalía de Distrito solicitó el pago de la reparación del daño causado a la madre de uno de los desaparecidos, en su calidad de víctima indirecta por el orden de los $42 mil 400 pesos, sin embargo, la titular de la sala de juicios orales determinó que el pago será genérico y se fijará en audiencia próxima.
La falla condenatoria en contra de Rufino Pérez Baltazar, Bernardino Olmedo Castillo, Mauro Olmedo Hernández, Higinio Bastián Santiago, José Luis Ramiro García, Reyes León de la Cruz, José Luis Santiago Ramos y Benito Velázquez Jiménez, se dio luego de que fueran encontrados penalmente responsables.
La audiencia de individualización de las penas y reparación del daño, inició al filo de las 11:11 horas y fue presidida por la maestra en leyes Lizbeth A. Jiménez Aguirre, esto en continuación de la audiencia del pasado 15 de marzo, donde se emitió un fallo condenatorio, pero se decretó un receso, siendo ayer cuando se diera continuidad a la audiencia.
La juez señaló que quedó demostrada la plena responsabilidad de los ocho ex servidores públicos. Por su parte, la defensa señaló que habrán de interponer un recurso de apelación para que sea el Tribunal Superior del Estado el que revise la sentencia y en su caso confirme, revoque o modifique la misma.
Siete de los acusados ejercieron su derecho a hacer uso de la voz, declarándose inocentes, detallando que les están siendo violentados sus derechos y que exigían la intervención de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto que el octavo detenido se negó a ejercer su derecho.
Los ocho imputados son acusados de haber detenido, haciendo uso de las herramientas que el estado les proporcionó para cumplir con su labor, a Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago y omitir informar de ello en su Informe Policial Homologado, además de ponerlos a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, toda vez que nunca los ingresaron a las celdas preventivas.
A dos años de haber ocurrido esta detención arbitraria, los ocho sentenciados se han negado a contribuir a la localización de los jóvenes, ya que se mantienen sin rendir declaración alguna, según lo establece el artículo 20 Constitucional, no obstante, el delito del que se les acusa es considerado de lesa humanidad y de ahí el origen del rigor de la condena.
Finalmente, se estableció que será el próximo 26 de marzo cuando se llevará a cabo la audiencia de sentencia integral, a las 14:00 horas. Al concluir la audiencia, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los ex funcionarios públicos fueron reingresados a las celdas del penal regional.