Xalapa, Ver.- El recién concluido proceso de licitación de tiendas escolares en Veracruz despertó quejas, sospechas y acusaciones de opacidad contra la asignación de tales beneficios.
Lo anterior, luego de que personas sin experiencia en el ramo obtuvieron el control de la venta de alimentos y golosinas a estudiantes de bachillerato y secundaria.
La sola emisión de la convocatoria despertó quejas por falta de transparencia, y sobre todo, por la sospecha de beneficios a un reducido grupo de personas, sin aclarar los criterios abiertos para seleccionar estas.
Esto, luego de que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) recibió la potestad legal para otorgar licitaciones, manejar y comprobar el uso y disposición de los recursos de las llamadas “tienditas escolares”.
Esto, a pesar de que no existe una investigación o denuncia para sustentar los señalamientos realizados en junio pasado por el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, sobre presuntas irregularidades en estas cooperativas.
Con esto, la SEV tiene el control de los ingresos obtenidos en los procesos de licitación. De esta cantidad, el 70 por ciento se use para darle mantenimiento y conservación a la infraestructura de las escuelas y un 20 por ciento de lo que se recaude será usado en “tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas mencionadas”.
El 10 por ciento restante de los recursos serán aplicados en programas que se determinen en los lineamientos que dicte la autoridad educativa local.
De esta forma, con la reforma al artículo 230 Bis del Código Financiero se crea un Comité de Licitaciones integrado por el Secretario de Educación, el subsecretario de Educación Básica, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el Director Jurídico de la SEV, así como por un representante de la sociedad de padres de familia y un representante del Consejo Estatal de Participación Social.