Mediante la Tesorería Municipal se autorizó la compra de 500 pruebas COVID-19 al laboratorio LIB, que se ubica en el centro de la ciudad. La tesorera municipal, Diana Dávila Várguez, realizó una adjudicación directa para comprarlas a 500 pesos, cuando las pruebas tienen un costo de 180 pesos.
En este sentido, los órganos de transparencia y las adjudicaciones directas no pueden rebasar los 115 mil pesos y en este caso el monto fue de 250 mil pesos, por lo que se debió realizar una licitación simplificada, que es la invitación a varios proveedores.
De acuerdo a información obtenida, la adjudicación directa la hizo sin el consentimiento del cabildo, ni de las instancias de Salud Municipal, por lo tanto, desde el pasado 4 de febrero le han requerido información relacionada a la compra de estas pruebas, pero hasta el momento no ha respondido.
Asimismo, las pruebas no son rápidas, tardan un día en dar el resultado. Si bien están aplicándose a los trabajadores del ayuntamiento, la tesorera municipal incumplió en un abuso de confianza al determinar la compra de estas pruebas.
En próximos días tendrá que emitir un dictamen detallado del por qué realizó la adjudicación de esa forma, cuando antes debió consultar esta acción con las instancias pertinentes. En menos de 2 meses esta dependencia se ha visto envuelta en dilemas, que finalmente tienen que explicar acorde a las peticiones de las instancias correspondientes.
Por Ángel Scagno Castillo
Fotos Rafael Rodríguez Ávila
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