También incrementa de 17 a 25 años de cárcel a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos a sabiendas de que serán utilizados para el huachicoleo.
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También incrementa de 17 a 25 años de cárcel a quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos a sabiendas de que serán utilizados para el huachicoleo.
A favor del dictamen, el priista Raúl Aaron Pozos Lanz consideró que el robo de hidrocarburos se ha convertido en un “problema de seguridad nacional”, pues el número de tomas clandestinas aumenta, genera un impacto adverso a la economía y a las finanzas públicas, así como a la seguridad de las comunidades.