Derechohabientes denuncian que constantemente les cambiaban las citas hasta que les confesaron “que la verdad, era que el otorrino renunció por la falta de condiciones dignas”.
POR ROBERTO AGUILAR TOLENTINO
Poza Rica, Ver.– Cada vez son más las quejas de los derechohabientes en contra de los servicios que brinda el Hospital General de Zona N.° 24 del IMSS, cuya directora es la Dra. María Antonieta García Tapia, debido a la falta de insumos y ahora de especialistas.
Afectados señalan que, por problemas en el sentido del oído, el único especialista que tenía la institución se vio obligado a renunciar “por la falta de condiciones humanitarias para brindar sus servicios a la población usuaria”.
Armando, Sofía y Andrea dijeron ser familiares de pacientes adultos mayores con severos problemas para escuchar, y en varias ocasiones les dijeron que “no estaba el otorrinonolaringólogo especialista en oído, nariz y garganta”, y les fueron posponiendo las citas.
Sin embargo, el conflicto se salió de control porque los pacientes no eran atendidos y seguían con los problemas, “pero este jueves, finalmente el personal de la clínica 24 se vio obligado a confesar lo que ya se temía, ya no hay otorrino porque, ante la falta de insumos para poder trabajar, presentó su renuncia”.
“Es desesperante, da mucho coraje ver cómo nos atrasan las citas con especialistas, que nos traen en vueltas y vueltas, no dicen la verdad y, para colmo, que no hay ninguna autoridad que los sancione, los destituya por no cumplir sus funciones, afectando a otras áreas como la de los especialistas”, dijeron molestos.
Asimismo, resaltaron que, a este nivel tan bajo con el que se brindan los servicios de salud a la población derechohabiente, “jamás vamos a llegar al nivel de los que brinda Dinamarca como nos prometieron”, lamentaron.
Cabe mencionar que, recientemente, trabajadores de las diversas áreas del Hospital General de Zona N.° 24 y de la Unidad de Medicina Familiar N.° 73, donde atiende la Dra. Claudia Fernández Acosta, se manifestaron de forma pacífica, dando a conocer las irregularidades existentes por la falta de insumos y la falta de aire acondicionado en áreas estratégicas.
Sin embargo, trasciende que ya empezaron las represalias en contra del personal; ya hay amenazas de despidos por haber participado en ese movimiento, donde la exigencia era justa: “mejores condiciones para laborar en ambas instituciones y mejores servicios a la población derechohabiente”.