Xalapa, Ver.- Un juez de control de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, obsequió el auto de no vinculación por los delitos de Abuso de Autoridad, Incumplimiento de un Deber Legal y Coalición a Emilia Yasbé “N”, supuesta involucrada en los desvíos de recursos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.
Esto, luego que la Fiscalía de Veracruz no pudo entregar una acusación convincente en contra de la exsubdirectora de Recursos Financieros del DIF estatal y excolaboradora de Karime Macías Tubilla, en ese entonces presidenta del ente asistencial.
El juez además dispuso levantar la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada en contra de la funcionaria, al no haber elementos que pudieran sustentar su participación en los contratos asignados a empresas fantasma.
Cabe recordar que hace un año, un juez de control determinó aplicar la vinculación a proceso contra el exdirector del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Julián Alberto “N”, contra el exjefe del Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios y subdirector de Recursos Materiales, Víctor Manuel «N» y Emilia Yasbé «N», exsubdirectora de Recursos Financieros del Sistema DIF.
Sin embargo, la Fiscalía no pudo sustentar los dichos en contra de los anteriores colaboradores de Karime Macías y Javier Duarte. En ese supuesto, autoridades de procuración de justicia del estado de Veracruz abrieron una segunda carpeta de investigación contra Antonio Tarek «N», exdirector de Administración del DIF y también Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el sexenio de Duarte de Ochoa.
A este se le indaga por los delitos de fraude, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del patrimonio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En lo concerniente a Emilia Yasbé, se acusó que celebró contratos de compraventa de bienes y servicios con empresas diversas, acusadas de ser “fantasma”, las cuales, indica la autoridad, “solo fueron utilizadas para el saqueo de millones de pesos en supuestos insumos para el DIF estatal, que nunca existieron, lo cual ocasiona un detrimento patrimonial a dicho organismo descentralizado por la cantidad de 112 millones 216 mil 820.36 pesos.
Al respecto, la autoridad federal consideró que ni el fiscal del caso se encargó de acreditar, al menos de manera indiciaria, la comisión de los hechos y la conducta atribuida a la exservidora pública, y el juez de control accedió a la vinculación a proceso sin haber pedido a la Fiscalía que relacionara los hechos en tiempo, forma y lugar de comisión, por lo que no realizó su trabajo a cabalidad.
Este caso igualmente involucra a los exfuncionarios Julián Alberto “N”, exdirector de Atención Vulnerable y Víctor Manuel “N”, exsubdirector de Recursos Materiales, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición en su modalidad de asociación delictuosa; a la fecha ambos permanecen en prisión.
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