La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) incurrió en una probable responsabilidad administrativa al asignar un contrato de 26 millones 847 mil pesos a una contratista vinculada a un servidor público en activo.
Es el caso del convenio 2019-30-CB-A-029-W-00-2019 referente a la obra de conservación periódica, bacheo y reparación de 15 kilómetros de la carpeta asfáltica de la carretera Paso del Toro-Acayucan.
La empresa beneficiada es Codimo Consorcio Empresarial, S. A. de C. V., cuyo consejo de administración lo conforman Jonathan Díaz Morales y Lenin Antonio Díaz Morales, tal y como consta la escritura 47 emitida por la fedataria Mayle Hernández Rojas, con domicilio en Emiliano Zapata.
En ese sentido, Lenin Antonio Díaz Morales desempeña el cargo de Regidor Único del Ayuntamiento de Colipa, postulado por el Partido Nueva Alianza en 2017.
Además de recibir contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el edil de Colipa igual firmó dos convenios con el ayuntamiento de Vega de Alatorre para ejecutar obras con recursos federales.
El primero, referente al contrato MVA-FISM-DF-2018-2018301920017-DOP-51, referente al revestimiento de calles en la colonia Deportiva, Libertad, Miradores y Rafael Hernández Ochoa.
Esto, por un costo de un millón 839 mil 950.25 pesos; además una obra por 923 mil 522 pesos por el mejoramiento de la red de agua potable en la congregación de Juan Martín, de Vega de Alatorre.
Cabe recordar que el artículo 51 de la Ley Nacional de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas obliga a los entes públicos a no recibir propuestas de servidores en activo.
«Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes: las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública» versa la citada ley.
Cabe recordar que La Opinión de Poza Rica exhibió anteriormente las irregularidades de dicha empresa.
Es el caso del contrato «2019-30-CB-A-029-W-00-2019, por un monto de 26 millones 847 mil 050.69 pesos y asignado a la empresa Codimo Consorcio Empresarial, S.A. de C.V.
En este la Función Pública determinó la existencia de un sobrepago por 333 mil 379 pesos por parte de la SCT.
Otra situación que reveló la Auditoría de la Función Pública es que la empresa Codimo ejecutó el contrato sin cumplir las especificaciones convenidas.
La Función Pública observó que en la obra de relleno de deslaves, la constructora con lo solicitado en la especificación particular EP-CSV-CAR-DSC-CRU-3-3-01-002/13 del contrato en cuestión.
«Asimismo, no se tiene evidencia de las pruebas de control de calidad de los trabajos realizados; sin embargo, en la estimación 6 y finiquito se pagó un volumen de 595.30 metros cúbicos con un precio unitario de 526.96 pesos por un importe de 313 mil 699.29 pesos» indica la Función Pública.
Así la auditoría indica que al haber ejecutados de mala calidad al no cumplir con las especificaciones generales y particulares, se corre la posibilidad de que se presenten socavaciones y posibles daños a los usuarios.
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