Ciudad de México.- El caso de la periodista Lydia Cacho –torturada en 2005 por difundir una red de pedofilia– se reactivó este jueves tres de diciembre luego de que se volvieran a liberar las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif y el exdirector de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán.
De acuerdo con la organización Artículo 19, la magistrada del Primer Tribunal Unitario María Elena Suárez Préstamo giró de nuevo las órdenes de arresto que habían sido canceladas en noviembre debido a que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún, Quintana Roo, confirmó un amparo a los tres implicados.
Si bien los tribunales que concedieron los amparos a los prófugos de la justicia pueden revisar si las órdenes de aprehensión cumplen, con los parámetros, la organización consideró que “con esta determinación, la Fiscalía General de la República de nueva cuenta tiene la responsabilidad de localizar y capturar a los funcionarios y empresario implicados en la trama para detener arbitrariamente y torturar a Lydia Cacho hace 15 años”.
Por su parte, la periodista celebró el avance del caso y declaró en su cuenta de Twitter: “Catorce años después de que me mandaran secuestrar y torturar para proteger a red de #TrataDeNiñas nos hemos enfrentado en los juzgados, ellos con sus influencias y poder corruptor, nosotras con la razón. La valiente Magistrada que no se dejó corromper y busca justicia”.
En su libro Los Demonios del Edén, la periodista denunció que el empresario de origen libanés Kamel Nacif organizaba fiestas donde se abusaba de menores de edad, tras lo cual fue demandada en 2005 y en diciembre de ese año fue detenida en Cancún por policías de Puebla, entidad gobernada en ese entonces por el priista Mario Marín.
Durante su traslado de Quintana Roo hasta Puebla sufrió violaciones graves de derechos humanos, lo que se confirmó en 2006 con el escándalo de la filtración de una llamada entre Kamel Nacif y Mario Marín, donde el empresario agradecía al gobernador –a quien llamó góber precioso– por el “coscorrón” que le dio a la periodista.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las demandas de justicia de Lydia Cacho, en 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió en contra de las exoneraciones del Estado mexicano, sin embargo, hasta la fecha los principales involucrados están prófugos.
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