Prisión preventiva se presta a uso político

Por Ángel Scagno Castillo
Fotos Rafael Rodríguez Ávila

Tras la polémica propuesta de querer eliminar la prisión preventiva oficiosa han surgido diferentes opiniones y de nueva cuenta el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha querido intervenir para que esta medida cautelar siga vigente, mientras que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia decidirán si aplica o no esta reforma.
Al respecto el maestro Héctor Viveros Saldaña, catedrático de la Universidad Veracruzana (UV), indicó que si esta medida cautelar se elimina en todos los casos penales, la Fiscalía deberá demostrar la necesidad de que una persona permanezca detenida en prisión, como única medida que garantice la comparecencia del imputado al proceso.
Asimismo dijo que la conservación de la evidencia, la seguridad de los denunciantes, una alternativa a la prisión preventiva es la utilización de brazaletes y tobilleras para monitorear la ubicación de las personas vinculadas a proceso, a fin de evitar que se sustraigan de la acción penal.
Al momento de cuestionarlo sobre las consecuencias, si es que hay, de que se apruebe la extinción de esta medida cautelar, dijo “sí habrá, especialmente en beneficio de los sectores económicos de menor ingreso, pues está demostrado, que en la mayoría de los casos son las personas con menos ingresos las que son sujetas a la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, pues a través de esta se genera una falsa percepción de justicia.
En este contexto en el país actualmente hay más de 90 mil personas en la cárcel por prisión preventiva oficiosa, pero la duda es si estos podrían salir libres, a lo que el especialista comentó que no todos serán excarcelarios, pero sí algunos.
“Si bien es cierto que esto podría generar decenas de miles de audiencias para revisar y en su caso revocar esta medida cautelar, lo cierto es que en los casos donde esa medida siga estando justificada, en los casos que no haya otros medios para garantizar el normal desarrollo de las investigaciones y el proceso en general”, aseguró.
A su vez afirmó que el interés por eliminarla es porque de esto depende que las investigaciones ministeriales necesariamente se vuelvan más sofisticadas, más eficientes y que se evite que las personas inocentes vayan a la cárcel por periodos prácticamente indefinidos.
Viveros Saldaña detalló que esto destruye vidas y familias, pues la pérdida total de la libertad de tránsito, en automático se traduce en la ausencia del derecho al trabajo, a la convivencia familiar, el comercio y a otras que son necesarias para el desarrollo personal.
Pero dejó en claro que tal vez el presidente Andrés Manuel López Obrador presione para que se sostenga, porque en este sexenio la prisión preventiva oficiosa se usa para atemorizar a la población que lo critica y cuestiona su forma de gobernar y la de sus súbditos.
Sin embargo esta prisión preventiva oficiosa garantiza a las policías que solo con su declaración se pueda vincular a proceso a las personas por determinados delitos y esto los lleve a la cárcel por meses o años, destruyendo su sustento económico, político y moral.
Además precisó que esta medida es polémica porque en el mundo existe un consenso mayoritario en contra de aprisionar a las personas sin que se haya demostrado su peligrosidad o su culpabilidad, entonces al gobierno mexicano no le conviene que la SCJN la erradique porque la usa a su modo, de igual forma se presta y se usa con fines políticos.