Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no detectó ninguna posible participación de los hermanos Román y Ernesto Pérez González, asesinados por la Policía Municipal de Orizaba el 1 de noviembre de 2018.
En cambio, advirtió que los elementos policiacos incurrieron en un presunto abuso de autoridad al disparar contra ambos profesionistas en la colonia Electricistas, además de una posible alteración de la escena del crimen e incluso, la participación de un tirador externo en el crimen de los Pérez González.
En resumen, nunca se justificó que los policías de Orizaba abrieran fuego contra los dos asesinados, advirtió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al emitir la recomendación 152/2020.
«La Comisión estableció que la autoridad no probó que la persecución y el uso de la fuerza letal contra las víctimas estuviera justificado, ya que los seis elementos fueron puestos a disposición luego de advertirse que actuaron probablemente fuera del marco legal”.
En la carpeta de investigación se determinó que los tres proyectiles de arma de fuego que impactaron al vehículo oficial tipo patrulla de la Policía Municipal de Orizaba se realizaron de adentro hacia afuera.
“Se puede establecer razonada y objetivamente que no hubo una agresión del exterior hacia la unidad que tripulaban los elementos señalados, con la cual pudieran justificar que las detonaciones fueran una respuesta proporcional a alguna agresión sufrida”, señala la recomendación.
La Comisión localizó un video que muestra el momento en que los policías municipales disparaban contra los hermanos; en la grabación se observan diversas personas con uniformes de policía que pasan corriendo sobre la calle y hablando en voz alta, y se escucha que uno de ellos pronuncia la frase “no era güey”.
Al mismo tiempo el dictamen de Servicios Periciales determinó que uno de los proyectiles localizados en el cuerpo de uno de los hermanos (Román) correspondía a un arma de fuego bajo resguardo de uno de los agentes; sin embargo, la CEDH advierte que en el caso de los proyectiles retirados de Ernesto «no fue posible contar con la información suficiente para determinar la marca, calibre y tipo de arma que realizó tal disparo».
TAMBIÉN ABUSOS EN EL TOTONACAPAN
Por medio de las recomendaciones 145/2020 y la 148/2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó excesos de las policías preventivas municipales de Chumatlán y de Mecatlán.
En el caso de Chumatlán, la CEDH advirtió que la Policía ejecutó una detención arbitraria contra un ciudadano que simplemente se opuso a la extracción de grava en terrenos de su propiedad por parte de un hermano del alcalde Edgar Espinoza Salazar.
«Tal persona (el hermano del alcalde) se retiró y como a los diez minutos, llegaron elementos de la Policía Municipal de quien me quejo y sin darme explicación alguna me detuvieron, me esposaron y subieron a una camioneta particular que llevaban y me trasladaron a la cabecera municipal de Chumatlán».
En Mecatlán, Derechos Humanos refiere que el 27 de mayo de 2019 un ciudadano fue detenido por elementos de la Policía Municipal sin causa justificada.
El afectado dijo que, para salir de la cárcel, pagó 2 mil 500 de manera personal a la síndica única municipal de Mecatlán, María Antonia Santiago Andrés.
Al detenido lo relacionaron con un supuesto caso de abuso sexual, aunque en ningún momento se denunció dicho delito a las autoridades ministeriales.
En cambio, se le obligó a pagar 2,500 pesos por concepto de «estudios» a una testigo, además de 500 pesos por concepto de consulta con una ginecóloga.
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