Se cumplen cien días de las inundaciones del 10 de octubre, pero persisten dudas ante la falta de información respecto al desalojo de colonias en zonas de alto riesgo.
Hipólito Moreno Tapia
Álamo, Ver.- El gobierno federal fijó un plazo máximo de un año para que, en coordinación con la federación, las autoridades estatales y municipales reubiquen a las familias asentadas en zonas de alto riesgo, tras las inundaciones registradas en octubre de 2025, hace justamente cien días.
Veracruz concentra el mayor número de viviendas afectadas en varios municipios, entre ellos Álamo Temapache, donde el anuncio ha generado incertidumbre ante la escasa información oficial.
En esta ciudad existen diversas colonias ubicadas en zonas bajas consideradas de alto riesgo debido a su proximidad con el río Pantepec, un afluente que históricamente ha provocado inundaciones severas durante la temporada de lluvias.
A pesar de ello, hasta ahora no se ha presentado un diagnóstico público claro sobre cuántas familias serían reubicadas, ni la cartografía que presente con escalas los niveles de riesgo que enfrentan.
Si bien autoridades han mencionado la existencia de al menos dos predios destinados para la reubicación de estas familias, no se han dado a conocer detalles fundamentales como su ubicación, condiciones, capacidad, servicios disponibles o el esquema que se seguirá para el eventual desalojo.
Esta falta de información ha generado preocupación entre habitantes de las zonas vulnerables, quienes temen que el anuncio quede solo en una promesa sin ejecución clara, pero también ha provocado, desde ahora, renuencia a dejar las actuales viviendas.
El plan federal busca evitar nuevas tragedias y frenar la ocupación de áreas consideradas peligrosas; sin embargo, en el caso de Álamo, el tiempo avanza sin que se conozca una ruta definida para atender a las familias que año con año enfrentan el riesgo de perder su patrimonio o su vida.
A pocos meses del inicio del nuevo periodo de lluvias, se espera que las autoridades municipales y estatales transparenten el proyecto, expliquen el procedimiento de reubicación y aclaren si existirá diálogo con los habitantes afectados, ya que hasta ahora el plazo de un año impuesto por la federación contrasta con la falta de acciones visibles a nivel local.
