POZA RICA, VER.- Usuarios denuncian que los camiones cisterna (pipas) de particulares mantienen precios sumamente elevados, una crisis que se arrastra desde los estragos causados por la inundación de octubre de 2025.
A pesar de que dicha contingencia quedó atrás, los costos del vital líquido se dispararon en ese momento y jamás regresaron a su tarifa ordinaria. Hoy en día, surtirse a través de estos particulares representa un golpe devastador para la economía familiar: el costo de una pipa oscila entre los 650 y hasta los mil 500 pesos, cuando se trata de zonas alejadas o de difícil acceso.
LUCRO DISFRAZADO BAJO EL AMPARO DE LA CAEV
La ciudadanía ha manifestado su indignación debido a las contradicciones en el servicio. Tras la entrada en vigor de la nueva ley que prohíbe estrictamente lucrar con el agua, se esperaba una regulación real en los bolsillos de los consumidores, pero el panorama es distinto.
Muchos piperos particulares ahora cargan sus unidades directamente en las instalaciones de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). A pesar de abastecerse en una fuente oficial y de que los precios del combustible se han mantenido estables durante los últimos meses, los transportistas continúan cobrando tarifas hasta tres veces más altas de lo justo.
Ante esta situación, ciudadanos exigen una investigación exhaustiva a la operación de distribución de agua en la CAEV, así como una auditoría estricta a la forma en que trabajan los piperos particulares hoy en día, quienes presuntamente aprovechan un vacío legal para seguir lucrando con una necesidad básica.
UN ALIVIO PARA LAS ZONAS VULNERABLES
En medio de este panorama adverso, un destello de alivio y esperanza llegó para los sectores más desprotegidos. La presidenta municipal, Adanely Rodríguez, anunció un programa emergente para llevar agua potable de manera gratuita o subsidiada a las comunidades que históricamente carecen del suministro de red.
Con esta acción del Gobierno Municipal se busca mitigar la dependencia hacia los piperos particulares y frenar los abusos tarifarios que imponen a las familias con mayor vulnerabilidad económica.