Organizaciones exigen una nueva ley que garantice el acceso equitativo, sustentable y libre de privatización.
El acceso equitativo y sustentable al agua sigue siendo un tema central en el debate sobre los recursos naturales en México. Integrantes de la Contraloría Nacional Ciudadana Autónoma del Agua, junto con pueblos originarios, investigadores y organizaciones sociales, hicieron un llamado urgente al Congreso para que desprivatice el agua y reemplace la Ley de Aguas Nacionales (LAN) por una nueva Ley General de Aguas. Esta iniciativa busca garantizar que el agua sea tratada como un derecho humano y no como un bien sujeto a la mercantilización, como ocurre bajo la legislación vigente desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
En el contexto del Día Mundial del Agua, las organizaciones denunciaron el sobreconcesionamiento del agua a empresas privadas, que ha visto un incremento alarmante de permisos para la explotación del recurso. Entre 1992 y 2003, el número de concesiones pasó de 2,600 a 360,000, lo que, según los expertos, ha exacerbado la crisis hídrica en el país y ha favorecido la explotación desmedida de recursos por parte de grandes industrias extractivas.
Óscar Arredondo, integrante del colectivo Red Agua para Todos, destacó que la LAN de 1992 no solo ha contribuido a la mercantilización del agua, sino que también es incompatible con los desafíos ambientales que enfrenta México, como la sequía y la contaminación de cuerpos de agua. «La ley actual no tiene la capacidad de responder a la crisis hídrica que atraviesa el país y sigue violando derechos fundamentales», afirmó Arredondo.
Las organizaciones también pidieron poner fin al acaparamiento de agua y la violación de derechos que sufren pueblos indígenas y comunidades rurales, quienes a menudo enfrentan cortes de agua o son despojados de sus fuentes naturales sin compensación. En varias regiones del país, como en Puebla, se reportan abusos por parte de empresas concesionarias que realizan cortes sistemáticos en el suministro de agua y sobrecobran tarifas, a menudo sin ofrecer un servicio adecuado.
A pesar de las promesas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para restaurar ríos y reducir las concesiones irregulares, las organizaciones sostienen que las soluciones propuestas no incluyen la participación activa de las comunidades locales ni abordan las causas profundas de la crisis. En este sentido, los activistas instaron al gobierno a reformar la legislación de aguas y garantizar una gestión pública y sustentable del recurso, para evitar que el agua siga siendo explotada con fines privados en detrimento del bienestar colectivo.
