Xalapa, Ver.- Apoyos a 66 campesinos «fantasma» entregó la Fundación Produce Veracruz (Funprover) durante 2015 y 2016, revela un análisis de la Auditoría Superior de la Federación.
En ese sentido, dicha organización entregó recursos por más de 8.4 millones de pesos por parte del Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Componente Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (PIDETEC-IDETEC-ITT).
Este lo financió la exsecretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en un convenio celebrado con Funprover el 16 de abril de 2015.
En este caso se determinó la inexistencia de evidencia de documental respecto de su predictamen, dictamen, autorización, notificación al beneficiario.
Es decir, la Fundación entregó los apoyos, pero nunca existió evidencia documental de los beneficiarios.
La ASF emitió un citatorio con carácter de instancia ejecutora de conformidad con el Convenio de Concertación «PIDETEC» 2015, en que Produce Veracruz omitió vigilar, supervisar, evaluar y dictaminar las 66 solicitudes con cargo al Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Componente Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado (PIDETEC-IDETEC-ITT).
La Auditoría advirtió que Produce Veracruz dispersó los 8.4 millones de pesos los días 14 y 28 de agosto de 2015 y 20 de enero de 2016, pero no existe documentación donde se acredite el motivo por el cual se pagaron, no las autorizaciones.
Por lo tanto se presumió un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 470.9 mil pesos.
En las investigaciones realizadas por la propia Auditoría, 10 de los supuestos beneficiarios desconocieron del programa al respecto y manifestaron que desconocen a los supuestos proveedores de bienes o servicios.
Negaron que ellos hayan tenido algún tipo de relación comercial y contractual, argumentando que nunca contactaron por ningún medio a dichos proveedores, y que no recibieron bien o servicio por parte de los mismos.
«Desconocieron por completo las firmas que se encuentran plasmadas en dichos documentos y que se pretenden atribuir a dichos beneficiarios, por lo que se presume el uso indebido de datos personales y la alteración de la documentación relacionada con las solicitudes y cesiones de derechos de los supuestos beneficiarios».
En la relatoría se refiere que a principios del 2015, una Asociación Civil les informó de la existencia de un programa de gobierno, sin especificarles el nombre del mismo ni la dependencia a cargo.
A través de este regalaron material para la instalación de lombricompostas, para lo cual debían de entregar diversos documentos personales que proporcionaron a la Asociación Civil y que, junto con otras personas a las que ellos no conocen, construyeron en sus predios las lombricompostas y se les capacitó, sin que se les pidiera que firmaran acuse de recibo, ni firmaran un registro.
Lo anterior implica la constitución de posibles conductas delictivas en su contra por la falsificación de documentos, firmas, fraude y lo que resulten, mismas que fueron tramitadas ante la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la Procuraduría General de la República.
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