Xalapa, Ver.- A más de diez años del desalojo ocurrido el 23 de diciembre de 2015 en el centro de Xalapa, el proceso judicial por la agresión a jubilados permanece sin resolución ni sanciones definitivas para los responsables, mientras las víctimas continúan exigiendo justicia y reparación integral.
El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, representante de las víctimas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), explicó que el expediente continúa en revisión judicial tras la negativa de suspensión condicional del proceso a uno de los implicados, decisión que fue apelada y aún se encuentra pendiente de resolución.
En el desarrollo del caso, uno de los imputados propuso cerrar el proceso mediante el pago de 15 mil pesos y una disculpa pública, propuesta que fue rechazada por las víctimas al considerarla insuficiente frente a la gravedad de los hechos ocurridos durante el operativo policial.
El conflicto se originó en 2013, cuando comenzaron retrasos en el pago de pensiones a trabajadores jubilados, lo que derivó en protestas organizadas por colectivos como la Copipev. Estas manifestaciones culminaron el 23 de diciembre de 2015 con un operativo de desalojo en el centro de Xalapa.
Durante la intervención policial, jubilados y periodistas fueron agredidos, lo que posteriormente fue documentado por organismos de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó el uso excesivo de la fuerza y al menos 200 personas afectadas, mientras que la Fiscalía reconoció únicamente 30 víctimas.
Ese mismo día, autoridades estatales confirmaron la orden del operativo, lo que derivó en recomendaciones emitidas años después por la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos fundamentales.
A pesar de las investigaciones, hasta el momento solo tres exfuncionarios han sido imputados sin que exista una sentencia o sanción definitiva, lo que ha generado inconformidad entre las víctimas y sus representantes legales.
El proceso de reparación propuesto ha sido considerado insuficiente, ya que las víctimas sostienen que debe incluir no solo compensación económica, sino también verdad, justicia y garantías de no repetición, conforme a la legislación vigente en materia de derechos humanos.
Aunque algunas personas afectadas han fallecido durante el transcurso del litigio, el caso puede continuar a través de familiares, aunque la participación ha disminuido debido al desgaste provocado por casi una década de proceso judicial sin resolución.