Poza Rica.- El cobarde ataque en contra del jefe de redacción del periódico La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, baleado cuando llegaba a su casa luego de cerrar la edición en 2017, sigue impune, al igual que el 99% de las agresiones que ocurren contra comunicadores en nuestro país, no hay detenidos.
Editorial Gibb repudia y exige a las autoridades la correcta aplicación de la justicia para esclarecer este hecho, que a 3 años sigue sin esclarecerse y lastima todavía al gremio periodístico.
Las autoridades no han mostrado determinación para procurar la justicia, ya que al igual que el atentado contra Armando Arrieta, el asesinato de nuestro director general, Raúl Gibb Guerrero, también sigue impune, así como otras agresiones en contra de quienes han estado al frente de esta casa editorial, la más reciente cometida contra la directora, Mireya Ulloa Valencia.
A pesar de la falta de acción por parte de las autoridades y del gobierno en todos sus niveles, no callaremos ante estos actos, que más allá de lacerar el quehacer periodístico, intentan someter a los comunicadores a la autocensura, en perjuicio de la población, que es merecedora de toda la verdad.
Por eso en La Opinión, refrendamos el compromiso de hacer frente a las injusticias sociales y a continuar bajo la misma línea crítica que ha caracterizado a esta empresa desde hace 67 años en la zona norveracruzana, una compañía periodística líder en información, veraz y oportuna.
La entidad mantiene un letargo en investigación, en las carpetas abiertas por delitos contra comunicadores se incluyen delitos como privación de la libertad, amenazas, lesiones, robo y desapariciones, de acuerdo a datos de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).
La incidencia de amenazas contra el gremio reporteril es alta y hay una debilidad y descomposición de las instituciones, pues el estado de derecho se ha vuelto frágil, ya que los grupos delictivos en el estado que han ampliado sus actividades, y existe impunidad.
