VERACRUZ, VER.- El exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, la exfiscal Verónica Hernández Giadáns y un exsecretario de Seguridad Pública mantienen protección oficial pagada con recursos públicos, de acuerdo con lo señalado por la actual administración estatal.
La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que estos esquemas de seguridad se encuentran establecidos en la normativa vigente, la cual contempla la asignación de escoltas por un periodo determinado para exfuncionarios que ocuparon cargos de alto nivel en materia de seguridad pública. De acuerdo con la mandataria, el propio reglamento marca que el exgobernador puede contar con este tipo de protección, al igual que la exfiscal y el exsecretario de Seguridad Pública, señalando que se trata de una disposición legal y no de una decisión discrecional de su gobierno.
Nahle García explicó que estos servicios están asignados directamente a los exservidores públicos para su uso personal, reiterando que se trata de un mecanismo contemplado dentro del marco normativo y que no representa una irregularidad administrativa.
En medio de cuestionamientos públicos derivados de declaraciones del exdiputado Atanasio García Durán, padre del exgobernador, la mandataria estatal descartó que este último cuente con escolta, desmintiendo versiones que circulaban en redes sociales y medios locales.
La gobernadora añadió que mantiene respeto hacia el exlegislador y su familia, pero insistió en que la información sobre la asignación de escoltas debe basarse en lo que establece la regulación oficial.
El tema ha reavivado el debate sobre el uso de recursos públicos para la protección de exfuncionarios, especialmente en un contexto donde sectores de la sociedad cuestionan la permanencia de estos beneficios tras el término de sus cargos.
Las declaraciones se producen en medio de un ambiente de críticas hacia la actual administración estatal, donde se discute la gestión de recursos y la aplicación de las normas en materia de seguridad pública.