Con poco más de un año en operación, el Sistema Estatal Anticorrupción (Sea) experimenta las consecuencias de un paulatino desmantelamiento de sus integrantes.
El ente colegiado para trazar las políticas de combate a la corrupción en la entidad experimenta actualmente una crisis de inacción debido a la ausencia o a la reestructuración en los cargos de sus integrantes.
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Sistema Anticorrupción, este aparato se conformará por siete persona, representantes de distintas áreas relacionadas con transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno y fiscalización.
Es el caso del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), actualmente en la persona del recién designado Emilio Cárdenas Escobosa. El segundo integrante es el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), Delia González Cobos, igual recién designada en la estructura. El tercero es para el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que apenas el viernes quedó en la persona de José Alfredo Corona Lizárraga.
La cuarta posición en el SEA es para la titular de la Contraloría General, hoy, Mercedes Santoyo Domínguez. En un quinto lugar sobresale el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Pedro García Montañez, investido para un cargo por diez años, aunque el periodo de su presidencia se prevé solo para dos años: de enero de 2018 a enero de 2020, aunque con la posibilidad de una reelección.
La sexta posición se la reserva a la Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, misma que está a seis meses de cumplir con su encargo de seis años como integrante de dicho órgano garante. Una séptima y última posición es para el representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.