CDMX.- La Fiscalía General de la República citó a declarar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro de investigaciones federales relacionadas con presuntos nexos criminales y operativos realizados en territorio chihuahuense.
El citatorio dirigido a Campos Galván fue entregado este sábado en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde la mandataria recibió personalmente el documento emitido por la FGR. La comparecencia fue programada para el próximo 27 de mayo a las 10 de la mañana.
Al momento de recibir el oficio, la gobernadora afirmó que acudirá a declarar pese a contar con fuero constitucional y aseguró que “dará la cara” ante las autoridades federales. También lamentó que la situación, dijo, afecte la institucionalidad del estado y a la población chihuahuense.
La mandataria estatal se encontraba en reunión de gabinete cuando fue interceptada por agentes federales que llevaban el documento oficial. Integrantes de su equipo señalaron que, aun contando con protección constitucional, Campos Galván atenderá el requerimiento ministerial.
En paralelo, la Fiscalía General de la República confirmó que también fueron citados Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados en investigaciones derivadas de acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, donde se indagan posibles vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La dependencia federal indicó que las entrevistas ministeriales buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las diligencias abiertas contra diversos funcionarios mencionados en dichas acusaciones. Hasta el momento no se ha precisado la fecha ni el lugar donde Rocha Moya deberá comparecer.
En el caso de Chihuahua, la FGR explicó que la gobernadora Maru Campos y el exfiscal estatal, César Juárez, fueron requeridos en calidad de testigos por el operativo realizado en la Sierra del Pinal durante los días 17 y 18 de abril.
Las autoridades federales señalaron que las comparecencias forman parte de la cadena de investigación relacionada con servidores públicos que participaron en dicho despliegue, así como en torno a versiones sobre presunta presencia de agentes de inteligencia estadounidenses en territorio chihuahuense.
La FGR reiteró que ambos casos se desarrollan bajo atribuciones constitucionales y legales, además de garantizar el debido proceso en cada una de las diligencias abiertas.
