Maru Campos acusa al Gobierno Federal de «fabricar» un caso en su contra tras comparecer ante la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.– La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presentó este miércoles a comparecer ante la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México. A su salida, la mandataria estatal lanzó duras acusaciones contra el gobierno federal, señalando un intento de «torcer la ley» para iniciar una persecución política en su contra bajo la simulación de un citatorio en calidad de testigo.

La comparecencia de la funcionaria panista estuvo marcada por la tensión mediática y por protestas simultáneas de simpatizantes en el estado de Chihuahua, en el marco de una investigación federal derivada de un polémico operativo en la Sierra Tarahumara.

«Buscan empatar cartones»: La postura de la gobernadora

A las afueras de la FGR, Campos denunció que el uso de las instituciones federales con fines partidistas es «evidente» en el México actual y aseguró que su gobierno ha colaborado sin reservas con las autoridades ministeriales.

«Ellos están acorralados por la realidad que dolorosamente vive su Estado; a mí, en cambio, no me han acusado de nada formalmente, pero desde hace más de un mes están buscando cómo torcer la ley para perseguirme», expuso.

La mandataria calificó al régimen morenista de «autoritario» y acusó la existencia de un «doble rasero» en la aplicación de la justicia. Contrastó su situación con la de funcionarios de Sinaloa, afirmando que mientras personajes de aquella entidad cuentan con solicitudes de extradición en EE. UU., reciben «impunidad absoluta». Según Campos, la federación busca «empatar cartones» para desviar la atención de sus propias crisis de seguridad y supuestos vínculos con el crimen organizado.

«Hoy la perseguida es la Gobernadora de Chihuahua. Mañana puedes ser tú», advirtió, cerrando su mensaje con un llamado a defender las libertades «hasta donde tope».

El origen del conflicto: El operativo en la Sierra Tarahumara

El expediente que alcanza a la administración de Chihuahua se originó en abril de 2026, tras el desmantelamiento de un macro narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, donde se aseguraron:

• Más de 55 mil litros de sustancias químicas.

• Más de 50 toneladas de precursores sólidos.

• Cerca de 2 mil litros de metanfetamina.

El caso tomó dimensiones diplomáticas y de seguridad nacional tras trascender la presunta participación no autorizada de agentes de la CIA estadounidense en el operativo, donde dos de ellos perdieron la vida junto a dos policías mexicanos. La FGR indaga si existió colusión o violación a los mecanismos de cooperación internacional.

Como parte de las mismas diligencias, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui —quien renunció tras desatarse la polémica—, acudió a testificar este miércoles a la sede de la FGR en Ciudad Juárez. Al ser cuestionado sobre el proceso, Jáuregui admitió ante la prensa que «es probable» que el citatorio tenga un tinte político.

Reacciones políticas y el respaldo del PAN

El conflicto ha provocado un choque abierto entre las principales fuerzas políticas del país:

• El bloque oficialista: Diputados locales de Morena en Chihuahua promovieron acciones para impulsar un juicio político contra Maru Campos.

• La postura presidencial: Para bajar la tensión, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en días pasados que los citatorios de la FGR no representan imputaciones penales formales, explicando que tanto en los casos de Chihuahua como en los de Sinaloa (referentes al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya), las autoridades solo recaban testimonios.

• La oposición: El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, manifestó el respaldo total de su partido a la gobernadora y advirtió que si el gobierno federal se atreve a «tocarte un pelo», miles de ciudadanos saldrán a las calles.

Para este miércoles, la dirigencia de Acción Nacional, acompañada por los coordinadores legislativos Ricardo Anaya y Elías Lixa, convocó a una conferencia de prensa para anunciar las acciones jurídicas que emprenderán contra lo que consideran una estrategia de persecución política.