No sólo están amenazados los recursos naturales, el futuro de poblaciones enteras o las tierras consideradas sagradas por los pueblos originarios; los activistas que han tomado como bandera la protección del medio ambiente y luchan contra los llamados “proyectos de muerte” ahora son víctimas de una cacería en Puebla.
En menos de un mes asesinaron a dos activistas en la región de Cuetzalan, Adrián Tilihuit y Manuel Gaspar Rodríguez, que encabezaban la lucha en contra de la empresa Gaya S.A de C.V., que trabaja en la construcción de dos plantas hidroeléctricas que se beneficiarán del agua del río Apulco.
Gerardo Pérez Muñoz, representante de la Asamblea de Afectados Ambientales Capítulo Puebla, calcula que existen alrededor de 64 defensores amenazados en las regiones de Ocotepec, opositores a la empresa Living Water International; Cuetzalan, donde se confrontan con la empresa hidroeléctrica Gaya S.A de C.V, y en Pahuatlán, territorio amenazado por el gasoducto Tula-Tuxpan, megaproyecto de TransCanada.
Tras el asesinato de Tilihuit y Gaspar en Cuetzalan, los activistas de Pahuatlán han preferido prevenirse y tomar en serio las amenazas que comenzaron con pedradas a sus puertas. Ahora hacen sus reuniones en domicilios secretos y evitan informar abiertamente cuándo realizarán sus próximos eventos, explicó Oliveria Montes Lazcano, una de las voceras del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo, encargada de articular a los pobladores involucrados en la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan.
DOS EJECUTADOS EN CUETZALAN
En mayo de este año, la pesadilla resurgió. El día 14 fue encontrado sin vida dentro de un motel de Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) quien era objeto de amenazas por encabezar la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en la región.
El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las siete de la mañana en uno de los cuartos del motel Quetzal, ubicado en el libramiento del municipio, a un costado del Centro de Convenciones.
Los empleados del lugar acudieron a la habitación para pedir que fuera desalojada y al no tener respuesta, entraron y descubrieron el cuerpo de un hombre. El piso de la habitación se encontraba manchado de sangre, como si la víctima intentara defenderse y presentaba varias heridas hechas con arma punzocortante, estaba desnudo y en el suelo.
Horas después se confirmó que el cuerpo correspondía al líder activista del MIOCUP. Al respecto, la organización envío un comunicado condenando el homicidio e informaron que Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos y fue citado por la Procuraduría General de la República (PGR) por la lucha que dieron comunidades contra la imposición de una de las subestaciones eléctricas.
“Exigimos una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia. El fiscal tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos”, exigió el MIOCUP en su comunicado.
El segundo activista asesinado fue Adrián Tilihuit. Desapareció el miércoles 30 de mayo. Su cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil Chevy, en el fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla, población a 20 minutos de Cuetzalan.
Según versiones de los activistas de la sierra nororiental, el miércoles no volvió a su casa y comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de la cañada y el cuerpo del activista a unos metros.
Tilihuit apoyó a los indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas
ANTONIO ESTEBAN: UNA EJECUCIÓN PREVIA
El MIOCUP ha sido una organización constantemente acosada. A los dos homicidios les precede uno más, perpetrado en 2014 en la misma región.
Antonio Esteban Cruz, quien desde entonces lideraba la oposición a la entrada de Gaya SA de CV, fue asesinado la mañana de este miércoles 3 de junio del 2014, con cuatro balazos.
En un comunicado emitido en ese entonces, el MIOCUP y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) acusaron a los gobiernos estatal y federal de estar implicados en el homicidio de este luchador social, quien también fue uno de los principales coordinadores del Encuentro Nacional Indígena y Campesino “En defensa de la tierra y el territorio”, realizado en marzo del 2014 en Cuetzalan, una de las primeras asambleas que informaban sobre el “proyecto de muerte”.
A partir de este encuentro, refierieron las organizaciones, se conformó el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) para defender la tierra como un bien colectivo de los pueblos y exigir respeto al derecho a la consulta ante las autorizaciones que ha hecho el Gobierno federal de megaproyectos, minas e hidroeléctricas.
EL TERRITORIO DEL GASODUCTO TULA-TUXPAN
Oliveria Montes Lazcano se enteró del asesinato de los dos activistas de Cuetzalan cuando se encontraba en una gira por Europa para dar a conocer las acciones de la lucha contra el Gasoducto Tula-Tuxpan.
A su regreso a tierra mexicana, su preocupación es evidente y han redoblado medidas de seguridad. Para realizar la entrevista con SinEmbargo, Oliveria Montes solicitó primero acudir a un territorio cercano a Pahuatlán, pero de ya ahí confirmó su verdadera ubicación por temor a que cualquier mensaje sea interceptado para localizarla a ella y sus compañeros.
La joven de 28 años de edad es una de las líderes voceras del movimiento que se ha encargado de dar la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan en los municipios de Tenango de Doria, Pahuatlán y Tlacuilotepec.
Los aciertos de la organización provocaron dos suspensiones definitivas de los cinco amparos que promueven contra la obra que tenía que ser entregada a inicios del 2018 por la empresa TransCanada y que pone en peligro a casi 500 poblaciones indígenas.
Los activistas en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan ya son amedrentados. Hombres armados han pasado se pasean por sus domicilios, y han recibido todo tipo de mensajes a través de personeros de las autoridades municipales que apoyan la instalación del proyecto en Pahuatlán.
“A los compañeros van y les apedrean sus casas, los han amenazado. Están sobre ellos. Hay muchas presiones de parte de los operadores locales y de las autoridades que sirven como apoyo a las transnacionales, el problema es que ellos viven ahí”, comentó Raymundo Espinoza, el asesor legal del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo.
