Xalapa.- A más de dos semanas de la cobarde y artera agresión, continúan sin respuesta las demandas de justicia pronta y efectiva para la Directora Editorial de La Opinión de Poza Rica, Mireya Ulloa Valencia.
Tras el ataque del pasado 11 de marzo, el Poder Ejecutivo de Veracruz solo endureció su silencio ante los reclamos del personal de Editorial Gibb y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por igual, el Gobierno de Veracruz, la Coordinación General de Comunicación Social, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y la Fiscalía General del Estado ignoran las exigencias de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas (RNP), Artículo 19 México y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
La indolencia del Gobierno del Estado; de su vocero, Iván Joseph Luna Lana; y de la encargada, solo avivan el reclamo legítimo y simple de La Opinión para garantizar justicia a Mireya Ulloa, localización y detención del agresor y protección para la periodista y para su familia.
Desde siempre, La Opinión de Poza Rica ha sido un contrapeso incómodo para los improvisados que ostentan un poder ganado por el miedo o por la ignorancia.
Por lo que los reclamos de justicia han sido recurrentes en nuestras páginas. Primero, en 2005, con el asesinato a traición del Director General de La Opinión, Raúl Gibb Guerrero, horas después de poner en marcha a La Opinión de Martínez de la Torre; después en 2017, con el ataque en pleno portón de su vivienda al Jefe de Redacción, Armando Arrieta Granados, y ahora en 2020 con la agresión a Mireya Ulloa.
En estos días de que una emergencia sanitaria es el momento oportuno para esconder los yerros de los gobernantes, La Opinión reitera que el Coordinador General de Comunicación Social, Iván Luna, ha omitido dar un posicionamiento contra los hechos; y se ha sido negligente en garantizar condiciones de seguridad para Ulloa Valencia y la fiscal Verónica Hernández tampoco ha cumplido con aportar pruebas que permitan conocer la identidad y procedencia del atacante.
Los tres han asumido una medida puntual de sana distancia respecto al cumplimiento de sus obligaciones.
Cabe enfatizar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un posicionamiento a las autoridades de Veracruz para que el Poder Ejecutivo de Veracruz aplique una verdadera política integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Mientras que las agrupaciones ciudadanas que expresaron su solidaridad con Mireya Ulloa hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado, a modo de realizar las diligencias necesarias a fin de localizar a los autores materiales e intelectuales.
Además, solicitaron al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para la pronta emisión de medidas de protección para salvaguardar y garantizar la seguridad de nuestra directora editorial.
Sin embargo, causa extrañeza que haya agrupaciones de comunicadores que hayan callado los reclamos a nivel gremio por justicia para Mireya.
Es el caso del Colectivo Voz Alterna, que en esta ocasión ha guardado silencio ante el ataque de Mireya Ulloa, aunque durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa hayan salido a manifestarse por otros compañeros caídos.
